Por José Luna
*Es necesario incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, e implementar la igualdad sustantiva, para garantizar que la educación integral en sexualidad
Global Press Mx / La diputada Mónica Fernández propuso una iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación sexual y reproductiva integral; orientada, a la prevención del embarazo en adolescentes, la cual, deberá ser impartida por expertos en la materia.
Al respecto, la iniciativa refiere que el embarazo adolescente en México representa una problemática pública, la cual es urgente de resolver. Este fenómeno tiene repercusiones de largo alcance en la vida de las y los adolescentes, en las familias, y en la sociedad en general.
Esta problemática se indica en el documento. está asociada a diferentes factores, en los cuales, se encuentran los culturales, económicos, académicos, sociales, falta de acceso a servicios de salud, entre otros. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, México ocupa el primer lugar en el tema entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues cuenta con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de entre los 15 a los 19 años.
Se expuso que el embarazo en adolescentes tiene mayor probabilidad de sufrir complicaciones y poner en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé, pues de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las menores, tienen un mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas, en comparación de las mujeres de 20 a 24 años.
En la cuestión socioeconómica, el embarazo en adolescentes puede afectar los ingresos presentes y futuros de las familias, lo cual, limita las oportunidades para una movilidad social. En el mismo sentido, se merma el acceso a las oportunidades laborales, orillando a empleos precarios. Por otro lado, tiene un impacto generacional, pues las hijas e hijos de madres adolescentes enfrentan mayores probabilidades de experimentar problemas de salud, dificultades académicas y situaciones de pobreza.
“Esto crea un ciclo de marginación que es difícil de romper sin una intervención eficaz desde la educación y la salud pública”, indicó la legisladora. Por ello, advirtió la necesidad de la implementación de políticas públicas preventivas que sean permanentes como la educación sexual integral, la cual, de acuerdo con la OMS, es adecuado recibirla desde los cinco años de edad, donde suele iniciar la educación formal. Dado que “una educación sexual que se enfoque solo en aspectos biológicos y anatómicos deja de lado factores emocionales y sociales clave, que muchas veces son determinantes en la prevención del embarazo adolescente”.
En ese contexto, Mónica Fernández manifestó que es imperante que dicha educación esté basada en un enfoque científico, profesional, formativo, empática y enfocada en la prevención. “De este modo, se busca defender el derecho de las niñas y adolescentes a una vida libre de riesgos y mayores oportunidades para alcanzar un mejor futuro”.
En este sentido, se debe incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, e implementar la igualdad sustantiva, para garantizar que la educación integral en sexualidad sea respetuosa de la identidad, autonomía y dignidad de cada niña, niña y adolescentes. “Esto permitiría combatir estigmas y prejuicios de género que a menudo son factores subyacentes en el problema del embarazo en dicho grupo etario”.
Además de que la intervención de especialistas, “coadyuvará de manera favorable a la prevención del embarazo en adolescentes, así como mejorar su salud mental y emocional ya que este grupo etario se enfrentan a presiones sociales y familiares que influyen en sus decisiones. La educación integral en sexualidad permitirá que las adolescentes cuenten con un espacio seguro para expresar sus dudas, inquietudes y recibir orientación adecuada”, indicó.
“Es momento de tomar acciones efectivas, para que nuestras adolescentes reciban la educación y el acompañamiento que merecen, contribuyendo a un México más justo, equitativo y libre de violencia. Con estas acciones se reafirmará el compromiso con el desarrollo de las y los jóvenes de nuestro país, garantizando una educación formativa, preventiva y transformadora”, concluyó.
