Por José Luna
Global Press / Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo válido su derecho de veto para invalidar los nombramientos de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alvizo, como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), el Senado de la República tendrá que repetir el ejercicio legislativo para presentar nuevas propuestas.Así lo dio a conocer el senador Ricardo Monreal, quien resaltó que este hecho marca un antecedente histórico, porque deja en claro que en México existe una auténtica división de poderes y un equilibrio entre los mismos.
Cabe recordar a penas el pasado primero de marzo, el Senado de la República aprobó, por mayoría calificada, aunque de manera controvertida, dichos nombramientos por 74 votos a favor, en tanto que un número importante rechazó las propuestas por diferentes argumentos.
En un mensaje de twitter, el legislador explicó que al concluirse el trámite legislativo de designación, la Presidencia nos hace saber que ha objetado dichos nombramientos, haciendo uso de sus facultades que previene el apartado A del artículo sexto constitucional, que prevé la posibilidad de objeción.
Monreal Ávila señaló que la Cámara de Senadores deberá hacer una nueva propuesta, que en este caso deberá ser resuelta a través de la aprobación de las tres quintas partes de los presentes de la asamblea, equivalente al 60 por ciento de quienes estén asistiendo, como lo establece el párrafo 9 del apartado A del artículo sexto constitucional.
El legislador expuso que todo el procedimiento que debe seguir tanto el Senado de la República y la participación que tiene el Ejecutivo Federal deberá garantizar que los comisionados del INAI cumplan con la evaluación que se estime pertinente para la tarea que desempeñarán.
“No debe haber extrañeza en que el presidente de la República manifieste objeción sobre todo en este tipo de nombramientos. Nosotros conocemos claramente su posición frente a ellos y su participación tiene pleno fundamento legal. El Senado debe cumplir con las reglas dispuestas a nivel constitucional y legal que en el ejercicio de la responsabilidad legislativa se establece”, concluyó.
