Columnas

Por Ricardo Monreal Avila / Colaboración Especial

*Iniciativa presidencial que impide la múltiple nacionalidad pretende prevenir conflictos de interés reales o aparentes al tomar decisiones que incidan en las relaciones bilaterales, la seguridad nacional o la integridad territorial*Solo impactará a quienes quisieran aspirar a una candidatura, a la titularidad de la Presidencia de la República, a una Gubernatura estatal o a la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Es decir, a un 0.0001 % de las y los mexicanos con multinacionalidad

Global Press Mx / Evitar conflictos de interés, de lealtad y de identidad nacional es el propósito de la Iniciativa presidencial que impide la múltiple nacionalidad a quienes aspiren a cargos de Representación Ejecutiva en México, puesto que se trata de responsabilidades públicas cuya función esencial consiste en cuidar, proteger y preservar la soberanía nacional.

Diversos preceptos constitucionales y legislaciones de otras latitudes, como Asia, Europa y América reservan los altos cargos ejecutivos de representación popular, los relacionados con el ejercicio de las Fuerzas Armadas e incluso los diplomáticos a quienes poseen exclusivamente la nacionalidad del país que representan.

Esta condición puede adquirirse por Nacimiento, por Naturalización o mediante la renuncia expresa a cualquier otra nacionalidad, cuando corresponda.

Dentro del Derecho Comparado, esta exigencia está lejos de ser excepcional. México se incorporaría a una corriente adoptada por democracias consolidadas y naciones emergentes para impedir la doble lealtad.

En todos los casos se pretende prevenir conflictos de interés reales o aparentes al tomar decisiones que incidan en las relaciones bilaterales, la seguridad nacional o la integridad territorial.

Quien suscribe Tratados, ordena el uso de la fuerza pública o representa al Estado en el exterior no puede estar sujeto, ni siquiera simbólicamente, a dos soberanías.

Debe precisarse que la Iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum no elimina ni desconoce la multinacionalidad ya prevista en nuestra legislación. Esta condición es propia de países como México, que en materia migratoria es nación de origen, destino, tránsito o retorno y tiene como propósito constitucional esencial la protección de los Derechos Humanos Universales.

Tampoco existe vulneración de Derecho Humano o Civil alguno, pues la persona obligada a cumplir la ley conserva la voluntad y la libertad de decidir si renuncia a la otra nacionalidad o a las demás que pudiera poseer.

En términos concretos, la Iniciativa plantea que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una Gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México renuncien a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidatas o candidatos.

La propuesta busca modificar los Artículos 82, 116 y 122 Constitucionales. Los antecedentes históricos son los siguientes:

El régimen constitucional mexicano vinculó, tradicionalmente, la nacionalidad con un principio de exclusividad.

La gran transformación ocurrió con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.

La reforma respondió fundamentalmente a la realidad de millones de mexicanas y mexicanos que habían emigrado al extranjero y que podían adquirir otra nacionalidad.

El objetivo fue evitar que una persona mexicana por nacimiento perdiera su nacionalidad por adquirir una del extranjero.

Por ello, dispuso que la nacionalidad mexicana por nacimiento no se perdería por adquirir otra nacionalidad, protegiendo así el vínculo jurídico de las y los mexicanos con el país aun cuando residieran permanentemente en el extranjero.

Actualmente, más de 11 millones de personas nacidas en México viven en otros países y son susceptibles de poseer múltiples nacionalidades (sin contar a los 30 millones de personas que tienen ascendencia mexicana, en la amplia diáspora de la mexicanidad). Ninguna de ellas resultará afectada por la Iniciativa. Solo impactará a quienes quisieran aspirar a una candidatura, a la titularidad de la Presidencia de la República, a una Gubernatura estatal o a la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Es decir, a un 0.0001 % de las y los mexicanos con multinacionalidad.

La Iniciativa recupera un principio republicano que México dejó de exigir hace casi tres décadas, consistente en que quien aspire a custodiar la soberanía nacional debe mantener una sola lealtad jurídica. Se trata de una condición de coherencia institucional, ajena a cualquier pretensión de pureza nacionalista o expresión xenófoba.

La reforma de 1997 hizo justicia a millones de connacionales arraigados en el extranjero, al permitirles adquirir otra nacionalidad sin perder la propia. Ese acierto permanece intacto. La propuesta actual distingue entre la multinacionalidad como derecho civil legítimo y la lealtad exclusiva que demandan las más altas responsabilidades ejecutivas.

Los derechos de la diáspora y su participación en la vida nacional quedan a salvo. El requisito, reitero, se limita a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que deberán acreditar una nacionalidad única antes de registrarse. Al recaer únicamente en el reducido número de personas que contienden por esos cargos, su alcance poblacional será mínimo.

La renuncia tampoco es forzosa. Cada persona podrá conservar otra nacionalidad, aunque con ello quedará impedida para contender por esos cargos. La restricción es general y proporcional, y responde al mandato del artículo 39 constitucional de preservar la independencia y la soberanía nacionales.

La medida tampoco representa un retroceso conservador. Frente a redes transnacionales de ultraderecha, financiamientos opacos y discursos de odio, impedir cualquier ambigüedad de lealtad en la cúspide del Poder Ejecutivo constituye una previsión republicana ante posibles injerencias extranjeras.

Si se pregunta por la dedicatoria de la Iniciativa, la respuesta es clara. Está dirigida al fortalecimiento de la soberanía nacional.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

X: @RicardoMonrealA

Por Abraham Mohamed Z /Columnista Invitado / Candelero

Global Press Mx / Claudia Sheinbaum inicia su tercer año como Presidenta de México con señales importantes de que comienza a desprenderse políticamente de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, pero sin romper con él, por razones que te explicaré.

Empecemos:

Ella ha ido consolidando su liderazgo mediante cambios prudentes en estructuras del Gobierno, Congreso, Fiscalía y hasta en Morena, administrando el país en forma más independiente, mientras mantiene su respeto a AMLO.

También es muy significativo que en las últimas semanas se hayan producido acontecimientos en los que su autoridad política aparece por encima de los intereses de determinados grupos obradoristas.

El caso de Rubén Rocha en Sinaloa es ilustrativo. La reacción del oficialismo terminó alineándose alrededor de ella, mientras el ex presidente López Obrador permaneció en silencio.

Y éste día 1 de septiembre de 2026, con motivo de su Segundo Informe, La Presidenta volvió a negar públicamente que exista una ruptura con su antecesor, pero simultáneamente hizo un llamado a la disciplina y unidad dentro de Morena y reafirmó su conducción del Movimiento.

Esto es políticamente muy interesante.

Creo que Sheinbaum no necesita romper con AMLO para independizarse.

Éste es, a mi juicio, el punto central.

La autonomía presidencial no necesariamente se manifiesta mediante una ruptura pública.

Pienso que ella está consciente de que romper con López Obrador tendría costos enormes.

Podría dividir a Morena, fracturar a la base obradorista y convertir al ex presidente en un tremendo adversario interno.

Por eso parece que sigue una estrategia mucho más sofisticada para conservar el legado político de López Obrador, pero construir también, por supuesto, su propio poder.

Es decir, no necesariamente busca destruir el liderazgo de AMLO; busca que la última palabra sobre el gobierno sea la de ella, porque es la Presidenta de México en funciones.

¿Qué podría pasar durante el tercer año?

Aquí es donde veo el verdadero punto de inflexión.

El tercer año de un sexenio es particularmente importante porque comienza a modificarse la lógica política:

2024-2025: Sheinbaum necesita demostrar continuidad y evitar una ruptura con AMLO.

2025-2026: Construye su propio equipo, empieza a colocar cuadros propios y adquiere experiencia presidencial.

2026-2027: Puede comenzar a ejercer plenamente su autoridad sobre Morena, el Gabinete, Gobernadores y Legisladores.

2027-2028: Después de las elecciones intermedias, tendrá que administrar el Poder pensando ya en la segunda mitad de su sexenio y en su legado histórico.

Y hay un factor adicional que cuenta muchísimo y que son las elecciones de 2027, porque quien controle la selección de candidaturas de Morena para éstos comicios tendrá una enorme capacidad para definir quiénes serán los futuros Gobernadores, Diputados Federales y los de Estados que renovarán sus Congresos y Alcaldías, incluyendo las de la CDMX. Nomás imagínate.

La verdadera prueba de autonomía de Sheinbaum probablemente no será una declaración contra López Obrador, sino confirmar quién controla las decisiones políticas de Morena y las candidaturas.

De darse la separación política de ambos, sería de una autonomía gradual, sin ruptura, por parte de la Presidenta.

Y hay una paradoja: cuanto más fuerte se vuelva ella, menos necesidad tendrá de confrontarse con López Obrador.

Es muy cierto que un Presidente débil necesita demostrar que rompió con su antecesor, mientras que un Presidente fuerte simplemente empieza a tomar decisiones que el antecesor ya no puede controlar.

Por eso hay que poner atención en lo siguiente:

Quién controla las candidaturas de Morena para 2027.

Qué ocurre con los políticos identificados directamente con López Obrador.

Si Sheinbaum permite investigaciones que puedan afectar a personajes del antiguo círculo presidencial.

Qué tan diferente comienza a ser la política económica, de seguridad y de relación con Estados Unidos.

Si los Gobernadores, Legisladores y dirigentes de Morena comienzan a recurrir a Sheinbaum y no a López Obrador como árbitro definitivo.

Este último punto es fundamental.

ADENDUM:

La tesis de algunos politólogos de que los “dos primeros años de mandato el Presidente sucesor tiene la influencia de su antecesor y que será autónomo a partir del tercero” no es una regla histórica, pero sí describe razonablemente una dinámica frecuente del Presidencialismo mexicano.

Y en el caso López Obrador–Sheinbaum, entramos precisamente al tiempo que define esa tesis. 

Infiero con la información disponible hasta este 1 de septiembre de 2026, que Sheinbaum ya es políticamente autónoma de López Obrador en el ejercicio cotidiano de la Presidencia, pero todavía no ha terminado de independizarse completamente de su capital político, su movimiento y los grupos de poder construidos alrededor del obradorismo.

La gran pregunta para el tercer año no debe ser “¿Sheinbaum se va a separar de AMLO?”, sino:

¿hasta dónde puede construir Sheinbaum un poder propio sin romper con el movimiento político que López Obrador creó?

Ahí está, probablemente, una de las claves políticas más importantes de la segunda mitad de su sexenio.

“Ya veremos”…..dijo un político cegatón.

mohacan@prodigy.net.mx

***Por Ricardo Monreal Ávila / Colaboración Especial

*“El T-MEC no debe convertirse en un campo de batalla comercial ni en un instrumento de revancha entre socios. Fue concebido, como cualquier Tratado bien negociado, para equilibrar intereses distintos sin que ninguna parte tuviera que ceder su dignidad”

Global Press Mx /En 1648, tras treinta años de guerra que devastaron el corazón de Europa, los representantes de decenas de Reinos y Principados se sentaron en Westfalia para firmar la paz. El resultado fue un Principio que cambiaría para siempre las relaciones entre Naciones, y consistió en que la Soberanía de cada Estado debía respetarse como condición para que cualquier acuerdo tuviera sentido. Leer más

Por Abraham Mohamed Z / Columnista Invitado / Candelero

*La experiencia de Doña Graciela  como Socióloga y Política no será suficiente para acabar con la corrupción que enmarañan las estructuras del gobierno estatal

Global Press Mx / Por los fuertes y muy peligrosos intereses que están en juego, empezando por la decisión legal que se tome para definir como habrá de resolverse el caso del ya ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la agitación política y la intranquilidad aumenta en el Estado. Leer más

Por Ricardo Monreal Ävila / Columnista Invitado

***

*La peor forma de enfrentar un problema tan serio que envenena cíclicamente la relación México-EU y amenaza la seguridad ciudadana y nacional de ambos países, es la politización y partidización que del mismo se hace tanto allá como aquí, lo cual debe superarse

Global Press Mx / ¿De qué acusan hoy priistas y panistas a MORENA? De lo mismo que la izquierda (desde el PSUM hasta MORENA, pasando por el PRD) acusó al prianismo en las últimas dos décadas.

De qué acusan al gobierno mexicano en EE. UU., tanto Demócratas como Republicanos, ¿desde por lo menos los años ochenta del siglo pasado?

La etiqueta de “narcopartido” y “narcogobierno” ha sido utilizada alternadamente por la oposición mexicana contra los gobiernos en turno y es la bala de plata con la que Washington presiona a México desde hace años para enfrentar su grave problema de salud pública de adicciones a las drogas ilícitas (que en el caso del Fentanilo ha provocado cien mil personas muertas por año), pero también, de paso, para tomar ventaja en otros campos de interés estratégico (migración, energía, petróleo, tierras raras, etcétera).

Cuando el director de la DEA, Terrance Cole, señala que funcionarios y narcotraficantes mexicanos “llevan años durmiendo en la misma cama”, se le olvida mencionar que, en muchas ocasiones, el colchón, el edredón y las almohadas son proporcionados por ellos mismos, como sucedió en el caso del rancho El Búfalo, en Chihuahua, en 1985, o en todas las operaciones encubiertas como Irangate, Rápido y Furioso, o con la reciente “sustracción” del Mayo, en los cuales los métodos y recursos utilizados no pasan la prueba de la legalidad ni la aduana del Congreso estadounidense.

La diferencia es que ahora la bala de plata está en el cilindro de un arma ideológico-política de ultraderecha, con una mira telescópica sesgada en contra de movimientos, gobiernos y partidos que tienen una orientación nacionalista, popular o progresista.

Desde hace dos años, la etiqueta de “narcocandidato” y “narcopartido” ha sido colocada a los abanderados y movimientos de izquierda en las elecciones de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y seguramente el calificativo será reciclado en las próximas elecciones en Brasil.

En el caso de México, la campaña de “narcopresidente” y “narcocandidata” empezó el 6 de enero de 2024 en cuentas de EE. UU., justo cuando varios simpatizantes del movimiento MAGA se aprestaban a recordar el intento de asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, evento que dejó cinco personas muertas, 140 policías heridos y daños materiales millonarios. La campaña de “narcopresidente AMLO” se movió después desde Argentina, Brasil y España.

En las elecciones de 2024, la alta aprobación de AMLO, los atributos personales de la entonces candidata Claudia y el implante territorial de MORENA lograron superar aquella embestida digital, fincada esencialmente en granjas pagadas de bots. No prosperó, pero la nube tóxica de opinión allí quedó y sigue circulando profusamente.

La complejidad del fenómeno admite, cuando menos, tres aristas fundamentales: la naturaleza de esta estrategia de deslegitimación, sus costos prácticos para la cooperación bilateral y el camino concreto hacia una política de Estado que trascienda las etiquetas.

Cuando el arma es la palabra, resulta sencillo reiterar las estrategias de deslegitimación. La acusación de narcopartido utilizada alternadamente por priistas contra panistas, por panistas contra priistas y ahora por ambos contra MORENA revela un patrón más profundo que una simple disputa partidista: es la admisión implícita de que el narcotráfico se ha convertido en el principal vector de deslegitimación política en México. Quien controla la narrativa de la «infiltración criminal» puede descalificar a su adversario sin necesidad de

probar complicidad, apelando a una sospecha generalizada que el ciudadano no puede verificar fácilmente.

Sin embargo, existe una capa adicional de complejidad: esta misma estrategia es utilizada por Washington para presionar a México en múltiples frentes. El estigma de narcogobierno no solo busca desacreditar a una administración específica; busca condicionar la cooperación bilateral, establecer relaciones asimétricas y justificar eventuales injerencias. Es, en esencia, una herramienta de política exterior que reviste de legitimidad moral lo que en el fondo es un cálculo geopolítico: el control de recursos estratégicos, la regulación de flujos migratorios y la definición de quién dicta las reglas en la región.

El costo de la politización de esta problemática se agrava cuando la etiqueta oscurece el problema real; el gran daño colateral de esta dinámica es que el debate público se desplaza del problema real -las adicciones, las muertes por Fentanilo, el lavado de dinero, el tráfico de armas- hacia una pelea de etiquetas que no resuelve nada. Mientras políticos y comentaristas lanzan acusaciones utilizando abusivamente la palabra narco, el fenómeno criminal se fortalece.

La politización del narcotráfico ha generado tres distorsiones graves que merecen ser desglosadas:

Primera, sustituye el análisis por el linchamiento mediático: en lugar de estudiar las rutas del Fentanilo o los flujos financieros ilícitos, se debate si tal o cual funcionario «durmió en la misma cama» que los capos.

Segunda, impide la cooperación técnica: los equipos de inteligencia y procuración de justicia de ambos países operan con desconfianza mutua, porque cada intercambio de información puede ser utilizado políticamente en los diferentes medios de comunicación.

Tercera, alimenta el cinismo ciudadano: cuando todos los gobiernos son acusados de lo mismo, la población termina por normalizar la corrupción como un destino inevitable.

La peor forma de enfrentar un problema tan serio de salud pública, que envenena cíclicamente la relación México-EE. UU. y amenaza la seguridad ciudadana y nacional de ambos países, es la continua politización y partidización del problema del narcotráfico, tanto en el país vecino como en el nuestro.

Están dadas las condiciones para promover una política de Estado, no de etiquetas partidarias, que atienda el combate y la prevención del tráfico de drogas de manera integral, binacional y continental, atendiendo las causas, con resultados tangibles, sin amagos injerencistas y respetando las soberanías de ambos países. Faltan dos v: visión y voluntad. Sobran tres b: banalidad, befa y bravuconería.

La política de Estado en comento debe construirse sobre cuatro pilares concretos:

Despartidización del discurso: los acuerdos binacionales en materia de drogas deben ser respaldados por todas las fuerzas políticas, con independencia de quién ocupe la presidencia.

Enfoque de salud pública: la evidencia internacional demuestra que los modelos prohibitivos y militarizados han fracasado. México debe liderar un cambio de paradigma que coloque la prevención, el tratamiento de adicciones y la reducción de daños en el centro de la estrategia.

Corresponsabilidad real: se debe exigir a Estados Unidos un control efectivo de armas y un combate serio al lavado de dinero, no como concesión, sino como parte de una estrategia común.

Institucionalización de la cooperación: crear mecanismos permanentes de diálogo y evaluación que no dependan de la coyuntura electoral ni de la afinidad ideológica entre los mandatarios de turno.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

X: @RicardoMonrealA

***

Presidente de la Junta de Coordinación Política y

Coordinador Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados