Por José Luna
*La Comisión de Reforma Política-Electoral aprobó además sancionar con multa de entre 700 y un mil 200 días, cuando se trate de intimidación o se ejerza cualquier tipo de violencia contra integrantes de esos pueblos y comunidades a fin de que se suscriban documentos, avalen decisiones contrarias a su voluntad en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales
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El diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), presidente de esa instancia, señaló que la propuesta, avalada por unanimidad de 16 votos a favor, para incrementar la sanción económica y de prisión, es procedente porque busca blindar y evitar coacciones, violencia o amedrentamiento a las y los votantes de los pueblos originarios.
Afirmó que, aunque es un paso importante, no es el último, porque visibilizar y entender la vulnerabilidad de esta población hace posible fortalecer sus derechos, por lo que aseguró que la Comisión continuará trabajando en ello. El diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) se pronunció a favor de castigar estas conductas, pero consideró que el aumento de sanciones y agravantes no es la solución a los problemas de delitos electorales en México, sino que se debe avanzar hacia modelos de justicia electoral más expeditos.
Del grupo parlamentario de Morena, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo destacó la pertinencia del dictamen porque no todas las comunidades hablan español, lo cual limita su comprensión y participación política y electoral. Consideró un acierto la reforma, pues actores políticos se aprovechan de ello para intimidarles, manipularles o ejercer presión sobre ellas.
María Isidra De la Luz Rivas, diputada del PT, también se manifestó a favor de la nueva redacción para incluir las sanciones y enfatizar que solo será en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) indicó que acompañará la propuesta que busca blindar los programas sociales que están en la Constitución y sancionar a quien pretenda coaccionar el voto en torno a esos apoyos, a los cuales en el pasado se les dio un uso electorero con la amenaza de que desaparecerían si se votaba por determinado partido.
A su vez, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (Morena) expresó que es muy importante reconocer y coadyuvar en la protección de las personas y su libertad de decidir en los momentos electorales, así como sancionar la práctica de asustar a la población con la eliminación de programas para coaccionar su voto, porque ya están garantizados en la Constitución como derechos y no como privilegios.
Una vez aprobado el cambio a la Ley General, se remitió a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.
Opinión en sentido negativo
Con 13 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, la Comisión aprobó su opinión, en sentido negativo, por el que se reforman las fracciones I, II, III, IV, V, VI del artículo 54, así como el primer párrafo del artículo 56 de la Constitución Política, en materia de sobrerrepresentación, suscrita por la diputada Paola Michell Longoria López (MC).
El diputado Lobo Román afirmó que los frentes, coaliciones, candidaturas comunes y todos los procesos de conjunción de partidos e institutos políticos, son de carácter temporal, específico, territorial y transitorio, por lo que no podría tener consecuencias posteriores a los derechos y obligaciones de los partidos políticos en su conformación y resultados.
