Comisión de Economía Social Avala Iniciativa Presidencial sobre ley de Adquisiciones

Por José Luna

*También, reforma disposiciones de leyes sobre austeridad republicana y sociedades cooperativas. *Fue remitida a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, encargada de su dictaminación

Global Press Mx / La Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, que encabeza el diputado Jesús Valdés Peña (Morena), aprobó, por unanimidad, su opinión en sentido positivo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, propuesta por la titular del Ejecutivo Federal.

Dicha iniciativa también plantea modificar diversas disposiciones de las leyes Federal de Austeridad Republicana, de Economía Social y Solidaria y General de Sociedades Cooperativas.

La opinión fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para los efectos en lo dispuesto por el artículo 69 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Al reanudar la sesión permanente, el diputado Valdés Peña informó que se recibieron comentarios de diputadas y diputados integrantes, así como de organismos del sector de la economía social y solidaria, los cuales se agregarán de manera íntegra al documento que contiene la opinión.

Resaltó que dada la importancia de una iniciativa de esta magnitud que impacta sustancialmente al sector social, amerita siempre contar con la participación de las y los integrantes de la Comisión, la cual es fundamental y está acorde con la política nacional.

Esta iniciativa, dijo, es un gran avance para la apertura del trabajo del cooperativismo, por lo que celebró que su contenido tiene la visión de fortalecer el trabajo, la producción y funciones de las cooperativas.

Esta propuesta, agregó, va en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual dentro de sus puntos medulares está el fortalecimiento del sector social y la economía social con una visión humanista.

Asimismo, destacó la importancia de habilitar al Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) para la certificación correspondiente y facultarlo para celebrar convenios con diferentes entidades, organismos y alcaldías.

El diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN) señaló que en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, además de incorporar a las cooperativas, se debe garantizar el apoyo técnico y monitoreo de la certificación de éstas y demás organismos del sector social para asegurar su competitividad en los procesos de contrataciones públicas.

Respecto a la Ley de Economía Social y Solidaria, planteó que se especifique en la legislación cuál es el esquema y los requisitos que incluyen el modelo de certificación de las sociedades cooperativas y de los demás organismos del sector social de la economía, y que se omita la certificación como requisito para que las sociedades y los demás organismos del sector social tengan al fomento y apoyo de sus actividades económicas.

En su oportunidad, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) estimó adecuada que se considera al sistema de economía social y cooperativas como un sector de desarrollo y apalancamiento. La nueva visión sobre las cooperativas y su función dará ventajas porque el Estado mexicano tendrá un padrón de las cooperativas existentes al impulsar un registro de todas.

Subrayó que existe un área de gran trascendencia en las cooperativas y que está descuidada, que son las cooperativas de ahorro y préstamo, las cuales manejan un fondo de recursos importante y tienen dificultades para colocarlos; es un tema que se debe analizar.

La diputada de Morena, Alma Rosa De La Vega Vargas, comentó que la iniciativa representa un avance significativo al priorizar a las cooperativas, Mipymes y grupos vulnerables en licitaciones públicas, corrigiendo con ello desigualdades y promoviendo un modelo económico más justo.

Asimismo, dijo, se debe evaluar la capacidad operativa y presupuestaria del Inaes para implementar el registro sin obstaculizar el crecimiento del sector. Aseveró que la digitalización del registro es positiva, pero debe incluir para evitar la exclusión de zonas rurales con capacidad y ventanillas físicas que aseguren el acceso universal.