Concluyen en Cámara de Diputados Audiencias Públicas sobre Iniciativa Presidencial de la Ley General de Aguas

Por José Luna

*Establecen que la falta del líquido vital y su saneamiento afectan salud, alimentación y medio ambiente son, entre otros, varios de los derechos que se atropellan en tanto no se tenga la rectoría del Estado como garante del derecho al agua*Reconocen crítica situación del agua en México  donde más del 70% de los ríos y lagos presentan niveles de contaminación significativos, nueve millones de personas carecen de acceso al agua potable, 11 millones no tienen servicios de alcantarillado y 515 municipios del país no disponen de red de drenaje

Global Press Mx / Este viernes concluyeron en la Cámara de Diputados las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos en torno a la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales, durante las cuales activistas, representantes de comunidades y organizaciones agrarias, académicos y científicos participaron de manera presencial y remota.

En la última jornada se abordó el tema “derecho humano al agua”, donde las y los ponentes las y los participantes expusieron sus preocupaciones y plantearon distintas modificaciones a la propuesta de la titular del Ejecutivo.

Grupo de trabajo Zona Sur

La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz (Morena), agradeció la información y los conocimientos vertidos y pidió a las y los participantes tener confianza de que se llevará a cabo una discusión de ley siempre en beneficio del pueblo de México, pero sobre todo para las personas que menos tienen.

Comentó que la mayoría de las y los expositores destacaron la necesidad de reconocer a los Consejos Comunitarios. Destacó la gran responsabilidad de las y los legisladores para la discusión de este marco legal los próximos días.

“Muchas gracias a las y los representantes de Conagua por la gran participación, estamos seguros que haremos un gran trabajo porque vamos por una Ley General de Aguas, una ley justa, una ley participativa, una ley que vaya en beneficio de todos y todos”, precisó.

A su vez, el diputado Gabriel García Hernández (Morena) mencionó que todas las propuestas se llevarán a la discusión para su análisis y elaboración las consideraciones correspondientes.

Alfredo Méndez Baena, del Colegio de Biólogos de Guerrero y doctor en desarrollo rural, consideró que la Ley de Aguas Nacionales representa uno de los capítulos más oscuros del neoliberalismo, entregando el recurso a empresas. Se diseñó para que la Conagua no pudiera cobrar los derechos. “Cada año se deja de cobrar más de 44 mil millones de pesos en derechos”.

Del Colectivo Agua para Todos, Nora Yanek Vázquez Martínez dijo que lo que hoy convoca es la búsqueda de la justicia hídrica. Estimó que en la iniciativa debe quedar asentado que al reasignar volúmenes se debe priorizar el derecho humano al agua y la producción para la soberanía alimentaria.

Fernando Yasser Terrazas Sánchez Baños, coordinador de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Guerrero es Primero, planteó ampliar el concepto de delitos hídricos para tipificar la contaminación del agua como un delito contra la salud.

Sofía León García, de la Organización de Territorios Diversos para la Vida A.C., opinó que las aguas subterráneas y superficiales deben ser consideradas de manera integral en la iniciativa, si en verdad se quiere protegerlas. Aseguró que en el proyecto no se contempla el tema de los derechos de la naturaleza.

Eduardo Altuzar López, de la Asociación Nacional de Usuarios de Riesgo, señaló que se deben generar planes de desarrollo para las comunidades, pues cada una tiene problemas diferentes. Además, solicitó que se imparta educación ambiental y alimentaria desde las escuelas.

Grupo de trabajo Zona Centro

La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena), coordinadora del grupo de trabajo zona centro, informó que durante las audiencias se establecieron tres grupos (zona norte, centro y sur) que tuvieron como finalidad escuchar y analizar las propuestas planteadas.

Dio a conocer que al término de los trabajos se recibieron 180 ponencias y 200 participaciones en documentos. En el tema de régimen de concesiones, concesionarios, volúmenes, distribución, uso del agua y descargas asociadas se registraron 67 ponencias.

En cuanto a sistemas públicos de agua potable y saneamientos, sistemas comunitarios, así como otros mecanismos que garantizan estos derechos, hubo 35 ponencias, más 19 ponencias sobre agua en el medio rural, ejidos y comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, y respecto al tema del derecho humano al agua, interdependencia con otros derechos humanos, medio ambiente sano, alimentación, salud entre otros, se contabilizaron 59 ponencias.

Agregó que se tiene en total un registro de 450 propuestas con su sustento documental y con la justificación que amerita. Agradeció la participación de las y los ponentes, así como de las y los diputados en las audiencias.

Del PVEM, el diputado Oscar Bautista Villegas dijo que se busca que se sumen a este tema todos los actores involucrados como son productores rurales, iniciativa privada y mineros para que esta ley sea consensada, sumando voluntades, propuestas y opiniones de todos los actores políticos. “Debemos sumar voluntades para tener una ley acorde a las necesidades de las y los mexicanos”.

La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) manifestó que se necesita fortalecer la infraestructura para agua potable y saneada en todo el país y para eso se requiere un fondo nacional que genere la escucha de todos los sectores. “Desde nuestra bancada consideramos que si esta gobernanza no es abierta, plural y transparente no vamos a poder alcanzar los objetivos de que el agua sea de acceso para todas las personas”.

El diputado Fernando Mendoza Arce (Morena) señaló que el agua es un recurso natural fundamental para el bienestar humano y desarrollo económico y social, y que legislar al respecto es fundamental para regular y proteger este recurso vital; sin embargo, se debe trabajar de manera conjunta, a fin de crear un ordenamiento que priorice la gestión de todas y todos los recursos hídricos, abastecimiento y saneamiento.

A su vez, el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) subrayó que el agua es un servicio y no una función pública, por lo que todo lo que tiene que ver con acceso, abastecimiento, disposición, saneamiento y tratamiento, incluso el tema tarifario, está concesionado de manera integral. Enfatizó que el Estado no debe permitir que algunos municipios concesionen en esta materia.

Del PT, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja pidió respetar a la comunidades agrarias y ejidales, núcleos sociales y pueblos originarios, reconocer sus dotaciones y derechos, evitar que sean vulnerados por una legislación que tiene buenas intenciones, como en el tema de transmisión de derechos. Celebró este ejercicio democrático y deliberativo donde se han escuchado voces autorizadas de todo el país.

El diputado Luis Humberto Aldana Navarro (Morena) dijo que esta ley propone que la gente viva dentro del esquema de derecho y se acorte la brecha que le impide tener acceso a este líquido vital. Indicó que la falta de agua y su saneamiento afectan salud, alimentación, medio ambiente y atropellan varios derechos en tanto no se tenga la rectoría del Estado como garante del derecho al agua.

La diputada local del Congreso del Estado de México, Miriam Silva Mata (PVEM), comentó que es necesario tipificar al que altere, permita, trafique, transporte, distribuya, almacene, compre, venda y posea cualquier pipa de líquido de agua. “Las pipas a veces no tienen logos, tarifas, a qué empresas pertenecen; no se sabe de dónde se extrae el agua y se volvió todo un mercado negro hídrico”.

En esta mesa, productores, abogados, estudiantes, académicos, representantes de organizaciones, asociaciones, comunidades y de diversos sectores productivos, comentaron que es necesaria una ley general que permita que todas y todos los mexicanos cuenten con agua para una óptima calidad de vida; que se fortalezca la concurrencia de los tres órdenes de gobierno con la sociedad civil a través del uso personal y doméstico que incluya mecanismos de acceso, calidad de vida y salvaguarda.

Señalaron que la situación del agua en México es crítica, más del 70 por ciento de los ríos y lagos presentan niveles de contaminación significativos, nueve millones de personas carecen de acceso al agua potable, once millones no tienen servicios de alcantarillado y 515 municipios del país no disponen de red de drenaje.

.También, que en esta ley se reconoce a los ríos, manantiales, lagos, lagunas y aguas subterráneas como sujetos de derechos, así como su interdependencia con el ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento.

Hicieron notar que hay estados que atraviesan problemas de infraestructura urbana e inundaciones derivadas de la mala gestión y relación existente con el agua.

Muchas obras del sector hídrico -plantearon- están sujetas a la evaluación de impacto ambiental donde existe un procedimiento formal de consulta pública; Sin embargo, si la nueva Ley General no articula estos órganos puede generar duplicidad y hacer inoperantes los mecanismos existentes. Propusieron establecer un mecanismo de consulta específico.

Pidieron que se hable en la ley la importancia de gestionar el agua potable y saneamiento en los sistemas comunitarios en sus territorios, así como la utilización de los ecosistemas acuáticos con arreglo a sus sistemas normativos cosmovisiones, prácticas y costumbres ancestrales.

Grupo de trabajo Zona Norte

La diputada Felicita Pompa Robles (Morena), quien moderó este grupo, afirmó que la Comisión analizará las propuestas vertidas para tomar las mejores decisiones. “Los foros son para escuchar a la gente, conocer sus planteamientos, ponerlos en la mesa, estudiarlos y ejecutar lo que viene en el plan de aguas.”

Dio a conocer que en los cuatro días de trabajo en este grupo hubo 147 participantes de la academia, sociedad civil organizada, asociaciones e instituciones, para hacer sus aportaciones, las cuales serán analizadas para determinar las que se pueden adherir a la ley de aguas. “Desde la Cámara de Diputados seguiremos adelante para lograr una iniciativa que respalde a todos los sectores ya la sociedad”.

La diputada Ana Erika Santana González (PVEM) señaló que la ley debe tener un enfoque integral y promover la autosuficiencia alimentaria como medio para lograr la sustentabilidad y la ética, promover la producción local, reducir la dependencia de las importaciones, y fomentar prácticas de cuidado al medio ambiente y beneficiar a las comunidades.

Expresó la conveniencia de abordar todos los artistas de este tema, como la soberanía alimentaria y la atención integral al campo, como estrategia para alcanzar la sustentabilidad alimentaria, priorizar la producción local y el manejo responsable de todos los recursos.

Participaron en este grupo especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y productores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Destacaron la importancia de que los foros consideren las participaciones de todas las personas preocupadas por el agua, indispensables para la viabilidad biológica y la supervivencia. Se pronunciaron por fomentar que las infancias y juventudes se involucren en la corrección y prevención de problemas socioambientales.

Manifestaron la necesidad de facilitar procesos de denuncia de vertederos contaminantes agua, tipificar su contaminación de agua como delito contra la salud, ampliar el concepto de delitos hídricos, e incluir el transporte de aguas nacionales sin autorización, obstrucción de cauces, solicitud u otorgamiento de concesiones a cambio de un beneficio, alteraciones de medidores.

También, que el agua no se conciba como mercancía sino como derecho humano; garantizar el acceso a información histórica del origen de concesiones sin costo, analizar todas las iniciativas al respecto, no solo la de la presidenta; evitar que los grandes concesionarios acaparen el agua de una zona y que se realicen los foros en territorio; Además, que los ordenamientos que resulten de esta reforma protejan la transmisión de derechos y permitan conservar el patrimonio para seguir produciendo.