Por José Luna
*La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció acción penal contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) por el delito de ejercicio indebido del servicio público*La dependencia deslindó cargos como resultado de las investigaciones del incendio registrado en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, con saldo de 40 indocumentados muertos y lesiones a otros 25; así como por otras graves irregularidades
Global Press / Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), fue detenido y enviado a prisión al igual que deslindó cargos en contra de otros dos funcionarios de dicho organismo descentralizado, debido a omisiones en que incurrieron como directivos de ese órgano desconcentrado que estaba obligado a preservar la vida de las víctimas a consecuencia de los hechos registrados el 27 de marzo pasado.
Además, de las pesquisas se advierte que los contratos de vigilancia celebrados por la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA y el INM se suscribieron violando la obligación legal de realizar una licitación pública, ya que la adjudicación directa a la citada compañía de seguridad privada generaron costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
De forma extraoficial se sabe que dicha empresa cuyo nombre comercial es Grupo Tank, fundada en 2015, de acuerdo con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), renovó en febrero último su permiso por un año ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En principio, la dependencia a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero anunció anoche mediante una tarjeta informativa que procedió además en contra del Director General de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz; y el Delegado de Migración en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González Guerrero.
“Los delitos cometidos fueron investigados de inmediato por la FGR, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de cinco personas; tres de las cuales son servidores públicos del INM; una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y una que inició el fuego; todas ellas ya están en prisión”, puntualizó.
Asimismo, resaltó que con las pruebas obtenidas el Ministerio Público de la Federación ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM como de la empresa de seguridad privada ya referida.
Hizo énfasis al señalar que el INM es un órgano administrativo desconcentrado cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.
En la investigación de antecedentes la FGR “encontró que el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Subraya que los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los últimos años vuelven a señalar, “con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados.
“Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal).
Asimismo, añade, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos. La FGR continuará informando lo que legalmente proceda”, concluyó la tarjeta informativa.
Cabe hacer mención a que las penas previstas en el Código Penal Federal para el delito de ejercicio indebido del servicio público van de 2 a 7 años de prisión, por lo cual no amerita prisión preventiva oficiosa.
De tal forma, existe la posibilidad de que el Comisionado Nacional de Migración, Garduño Yáñez, y sus dos subordinados, puedan enfrentar su proceso penal en libertad; a menos que la FGR solicite prisión preventiva justificada, argumentando riesgo de evasión.
