El preocupante delito de extorsión

***Por Ricardo Monreal Avila / Colaboración Especial

*En esta ocasión, el delicado tema de la delincuencia organizada que logró su criminal desarrollo por la colusión de corruptas autoridades cometiendo todo tipo de delitos en agravio de los ciudadanos, es lo que se expone a detalle, dando a conocer también lo que ahora hace el gobierno de la 4ª. Transformación de la Presidenta Claudia Sheinbaum con el apoyo del Congreso para evitar que la sociedad siga siendo asolada por los violentos maleantes

Global Press Mx / Desde la etapa más álgida de la etapa neoliberal, nuestro país viene atravesando una de las crisis de violencia más graves de su historia reciente, agravada por el creciente poder económico y militar del crimen organizado.

Estas redes delictivas han diversificado sus actividades ilícitas -desde el narcotráfico hasta la trata de personas, el secuestro, la extorsión y el robo de hidrocarburos-, infiltrando múltiples esferas de la sociedad.

Esta penetración se vio facilitada por la corrupción sistémica y la negligencia de los grupos en el poder durante la era de los llamados tecnócratas, lo que debilitó las instituciones estatales encargadas de la seguridad. A partir de ese punto, la escalada de violencia ha respondido a factores políticos, sociales y económicos crónicamente ignorados por aquellas administraciones.

Simultáneamente, el tejido social se deterioró y la crisis económica fue limitando las oportunidades de las y los jóvenes, facilitando su reclutamiento por parte de grupos criminales.

En lo político, la insistencia en el modelo neoliberal amplió la desigualdad y aceleró la descomposición institucional, agravada por prácticas como los fraudes electorales y la impunidad.

El punto de inflexión fue la ausencia de estrategia en el marco de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, impulsada tras las cuestionables elecciones de 2006, que militarizó la seguridad pública sin evaluar sus consecuencias humanas. Esta ofensiva, lejos de erradicar el crimen, exacerbó la violencia y permitió que funcionarios corruptos se coludieran con los cárteles.

Las masacres, los secuestros, robos y extorsiones generalizados dan cuenta de lo anterior. Por tanto, a su llegada, la Cuarta Transformación buscó adoptar una estrategia que detuviera la espiral de violencia, restaurar los principios éticos y morales y reorientar las políticas de seguridad hacia la justicia social, la rendición de cuentas y la reconstrucción del contrato social.

En consecuencia, los delitos de más alto impacto, como las ejecuciones, el secuestro y el robo con violencia, han ido a la baja, tras dos décadas de haber irrumpido en la otrora vida pacífica nacional. Lo dicen tanto las estadísticas como las encuestas que miden la percepción ciudadana. Cifras y percepción van a la baja.

Sin embargo, en el caso de la extorsión, se instaló como un cáncer social que causa zozobra y daño económico, además de ser la principal conducta antisocial que preocupa y ocupa al Gobierno y a las y los legisladores locales y federales.

Además, aunque no se cuenta con un registro sistematizado de víctimas mortales tras denunciar extorsión, un análisis de fuentes públicas revela que los asesinatos en el ámbito empresarial o en el sector agrícola, por mencionar dos ejemplos, no son casos aislados.

El Gobierno de México reconoce el incremento del delito y lo asume como una cuestión prioritaria.

De acuerdo con el INEGI, la extorsión sigue siendo el tercer delito más cometido en México, con una cifra negra del 90.4 por ciento de casos no denunciados por desconfianza en las autoridades o temor a represalias.

Ante este escenario, la actual administración no ha escatimado en la implementación rigurosa de su estrategia contra la extorsión. Y en el Congreso ahora mismo está en discusión la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Cámara de Diputados ya la avaló y la turnó al Senado de la República.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha promovido la Iniciativa como una estrategia orientada a combatir y frenar ese terrible ilícito por medio de la investigación y la inteligencia policial, para detectar y detener a los extorsionadores; del fortalecimiento de las capacidades operativas de las unidades de seguridad pública antiextorsión; de la creación de un protocolo de atención a las víctimas; de la habilitación de un número de atención a la ciudadanía para denuncias de extorsión; de una campaña nacional de prevención del delito; del fortalecimiento de la cooperación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, y del endurecimiento de las sanciones a quienes extorsionen, así como también su unificación como delito en todo el país.

La Iniciativa propone un total de 34 agravantes divididos en tres categorías:

1. Para daño patrimonial o delitos de menor lesividad, incrementar las penas hasta un tercio de las consideradas en el tipo penal básico. Serían aplicables al cobro de piso, a la imposición de precios, a quienes cometan el delito usando el sistema financiero nacional o a quienes extorsionen a candidatos(as) a cargos de elección popular.
2. Cuando el delito se cometa en contra de grupos poblacionales vulnerables (migrantes, personas adultas mayores, menores de edad, mujeres embarazadas o personas que tengan relación afectiva con la víctima), la iniciativa plantea incrementar las penas contempladas en el tipo penal básico entre un tercio y un cincuenta por ciento.
3. Para los casos de afectaciones sobre la integridad de la víctima o su patrimonio, uso de violencia, armas de fuego, uso de menores de edad o cuando en el delito participen personas servidoras públicas, la iniciativa propone incrementar las sanciones del tipo penal básico.

Algo muy importante es que se resguarda la identidad e integridad de la víctima, ya que se introduce el carácter oficioso en el tratamiento e investigación del delito de extorsión, en forma tal, que las víctimas no tendrán que ratificar su denuncia y será suficiente con que la autoridad conozca de hechos que puedan ser constitutivos del delito.

Será un ilícito que se perseguirá de oficio, además de que podrá denunciarse vía telefónica o a distancia para proteger a las víctimas.

Esta Iniciativa dota a la autoridad investigadora de nuevos elementos para enfrentar otras formas de extorsión, como el cobro de piso, el cobro de paso y todos aquellos delitos asociados a la extorsión económica, la nueva modalidad de la delincuencia organizada.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

X: @RicardoMonrealA

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Presidente de la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados

Coordinador Parlamentario del Grupo de Morena