Proponen Garantizar el Acceso Universal, Progresivo, Suficiente y Equitativo a los Servicios de Salud Mental
Por José Luna
*La diputada Martínez Álvarez (PAN) propone reformar la Ley General de Salud
Global Press Mx / La diputada Elizabeth Martínez Álvarez (PAN) impulsa una reforma para que la Secretaría de Salud, las instituciones del Sistema Nacional de Salud y los gobiernos de las entidades federativas garanticen el acceso universal, progresivo, suficiente y equitativo a los servicios de salud mental.
Para ello, deberán incluir acciones de prevención, atención, rehabilitación y promoción del bienestar mental, con enfoque comunitario, interdisciplinario, intercultural, intersectorial, con perspectiva de género y de derechos humanos, conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Nueva Agenda de Salud Mental para las Américas.
La iniciativa, que añade un artículo 72 Bis a la Ley General de Salud, se refiere a que, de acuerdo con datos del INEGI, en México el 30.5 por ciento de la población ha experimentado síntomas depresivos, mientras que el 47.8 ha manifestado preocupación o nerviosísimo constante, lo que refleja una emergencia nacional que no puede seguir siendo ignorada.
Puntualiza que las deficiencias estructurales del sistema de salud en México son evidentes, ya que menos del 20 por ciento de los recursos se destinan a atención primaria o comunitaria, solo el cinco por ciento de las escuelas públicas cuentan con profesionales en salud emocional, y apenas un dos por ciento de los centros de salud de primer nivel tienen personal especializado.
La iniciativa, girada a la Comisión de Salud, señala que la fragmentación del modelo actual impide la detección oportuna, atención temprana y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales.
La diputada Martínez Álvarez resalta que legislar en esta materia representa una respuesta a millas de voces que han sido silenciadas por el estigma, el abandono o falta de recursos, y reconocer que una sociedad sana también lo es en su mente, no solo en su cuerpo.
Enfatiza que esta propuesta no impondría obligaciones presupuestales específicas, pero sí elevaría el compromiso legal del Estado mexicano para consolidar un sistema accesible, equitativo y digno para todos y todos.
