Por José Luna
Global Press Mx / Para a aminorar los problemas de movilidad en las ciudades, mejorar la calidad ambiental, reducir los riesgos de tránsito y garantizar un buen servicio para los usuarios, las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso, Martha Márquez y el senador Joel Padilla Peña propusieron reformar los artículos 47 y 57 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Lo anterior para establecer en la ley, la renovación del parque vehicular de prestadores del servicio de transporte público de pasajeros y de carga, cada 10 años, así como la implementación de los instrumentos económicos y financieros, públicos y privados de carácter nacional o internacional necesarios para mejorar la eficiencia y equidad en el acceso de los sistemas de movilidad, la renovación vehicular, la gestión de la seguridad vial y la sostenibilidad.
“Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos esencial el mantenimiento del transporte público. Un sistema de transporte público en buenas condiciones es más seguro para los pasajeros y para quienes operan los vehículos. El mantenimiento regular ayuda a prevenir accidentes debido a fallas mecánicas o problemas técnicos”, apuntó la senadora Geovanna Bañuelos.
En la iniciativa que fue presentada a la Comisión Permanente, las y el integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) destacan que en México, el transporte urbano presta servicio a más de 223 millones de personas tan sólo en la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y León.
Lo anterior, tiene como consecuencia que se enfrenten problemas complejos y multifacéticos como la congestión vehicular, mayores tiempos de desplazamiento, más contaminación del aire y un aumento en el estrés de las y los ciudadanos.
Geovanna Bañuelos, coordinadora del GPPT enfatizó que los diferentes sistemas de transporte público en las ciudades mexicanas a menudo no están integrados, lo que dificulta a los usuarios realizar viajes que requieran utilizar más de un sistema.
Esto puede hacer que los viajes sean más largos y costosos, y disuadir a las personas de usar el transporte público.
En específico, aseveró que existe un problema que dificulta en demasía la calidad del transporte urbano: la poca asignación de suficientes recursos financieros para mejorar el transporte urbano, lo que limita la capacidad de las ciudades para invertir en la construcción de nueva infraestructura, la modernización de los sistemas de transporte público y la implementación de políticas que promuevan la movilidad sostenible.
La líder parlamentaria señaló que actualmente el transporte público se ve plagado de unidades anticuadas, rutas ineficientes y una infraestructura deficiente. Esto genera una experiencia frustrante para los usuarios, quienes se enfrentan a retrasos, averías e incomodidades constantes.
En este sentido, dijo, es necesario establecer la periodicidad para la renovación y mantenimiento de las unidades de transporte urbano, toda vez que es un componente fundamental para el funcionamiento de las ciudades, ya que permite a las personas desplazarse de un lugar a otro de manera eficiente y segura”, mencionó.
“La renovación y el mantenimiento del transporte público no sólo son un asunto de comodidad y eficiencia. También son una cuestión de salud pública, sostenibilidad ambiental y equidad social”, aseveró.
Geovanna Bañuelos enfatizó que un sistema de transporte moderno y eficiente reduce la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a la creación de ciudades más verdes y habitables.
Además, un transporte público accesible y asequible permite que todas las personas, independientemente de sus ingresos o condición social, puedan participar plenamente en la vida urbana.
“En definitiva, la renovación y el mantenimiento del transporte público son inversiones que nos benefician a todos. Nos permiten construir ciudades más sostenibles, equitativas y funcionales. Nos permiten crear un futuro mejor para nosotros mismos y para las generaciones venideras”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
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