Por Darío L Fonseca

*Se llevó a cabo la Mesa 7 del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional “El Constitucionalismo para la democracia del siglo XXI. Homenaje a la Constitución Federal de 1824”

Global Press Mx / El derecho a la educación tiene una vertiente interna, propia e individual, pero también una dimensión social, que es un instrumento para el desarrollo de las capacidades de las personas, el fomento de los derechos humanos y de otros valores democráticos, señaló Luis Raúl González Pérez, profesor de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM.

La enseñanza debe tener una dignidad sustantiva y la tarea primordial de atender a las y los alumnos con un enfoque de igualdad. Asimismo, disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad, además de excelencia, como dice la Constitución, agregó.

Al participar en la Mesa 7: Conocimiento, desarrollo, acceso a la educación y autonomía universitaria, realizada en ocasión del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional “El Constitucionalismo para la democracia del siglo XXI. Homenaje a la Constitución Federal de 1824”, expresó:

Para garantizar estos principios, en la pública debe haber un blindaje jurídico y mantener el concepto de autonomía como una garantía institucional. Esta debe tener libertad de cátedra, de investigación y difusión de la cultura, respetar los valores universitarios de tolerancia, igualdad, respeto, armonía, identidad y compromiso social.

Ante la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró, quien presidió la mesa, y el moderador Rodrigo Brito Melgarejo, profesor de la FD, subrayó que la autonomía podría ser vulnerada si un partido político o una dependencia del gobierno quieren tener injerencia sin la legitimidad de la comunidad universitaria.

Al hacer uso de la palabra, Jorge Carlos Herrera Lizcano, de la Universidad Autónoma de Yucatán, destacó que la autonomía es importante para la democracia, pues constituye -como decía Sergio García Ramírez- el oxígeno que respiramos los universitarios.

Es un derecho de la sociedad y garantiza que las universidades cumplan su labor social. Por ello, se debe incorporar el mecanismo jurídico para su protección constitucional, sugirió.

En su oportunidad, Marisol Luna Leal, de la Universidad Veracruzana, refirió que actualmente hay varias instituciones de educación superior en crisis debido a la precarización del trabajo universitario (con plazas que perciben por debajo del salario mínimo), divergencias entre la evolución de la matrícula y el subsidio federal que se recibe y adeudos o retrasos en la entrega del estatal.

Al hacer uso de la palabra, el profesor de la FD de la UNAM, Fernando Serrano Migallón, consideró que los conceptos de Constitución, educación y autonomía son esenciales para dejar huella.

La Universidad Nacional, prosiguió, ha acompañado al país desde antes de la Revolución mexicana ofreciendo libertad de cátedra, de investigación y haciendo que los beneficios de la cultura lleguen a la población.

Celebró que la UNAM no tenga compromiso con ninguna tendencia política, sino con la verdad. “Las universidades son las casas de la libertad”.

Renán Ermilo Solís Sánchez, de la Universidad Autónoma de Yucatán, expresó que la universidad pública representa una de las pocas instituciones en que confía la sociedad.

En tanto, Rafael Sánchez Vázquez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, apuntó que pobreza, desarrollo y educación superior van de la mano, pero aceptar el fenómeno de la mundialización o globalización de una manera acrítica puede ser un error de graves dimensiones.