Por José Luna
*No se puede obligar a un individuo para que permanezca en un cargo público, en contra de su voluntad, se destaca en el dictamen que fue rechazado por la oposición al no explicar claramente sus motivos para renunciar*Se vuelven cuestionables sus decisiones y argumentaciones, surge la duda de cuándo fue que perdió la confianza y el decoro en sus determinaciones jurídicas: Noé Castañón
Global Press Mx / La Comisión de Justicia avaló, con 12 votos a favor y siete en contra, el dictamen con el que se aprueba la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quién presentó su dimisión y fue aceptada por el titular del Ejecutivo federal el pasado 7 de noviembre del año en curso.
En el documento, las y los senadores subrayaron que la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia es un suceso de gran trascendencia y un hecho extraordinario “preocupante para la estabilidad de las instituciones”.
No obstante, precisaron que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea toma una decisión que, en estricto sentido, se debe respetar, pues está protegida por el artículo 98 de la Constitución Política.
La Carta Magna, explicaron los legisladores en el dictamen, establece que las renuncias de los ministros de la Corte sólo procederán por causas graves; sin embargo, no se señala cuáles son esas causas graves y tampoco señala quién las determina, sólo dice que el Presidente tendrá que aceptar la renuncia y el Senado tendrá que aprobarla.
“Sin esa aceptación y sin esa aprobación, no culminaría el procedimiento de la renuncia, en ese sentido, el renunciante, en todo caso, es el que conoce las causas graves por las que toma esa decisión, de otra manera, no adoptaría un acto de tal naturaleza”, subrayaron.
Por lo que, la Comisión concluyó en que el derecho a renunciar lo tiene cualquier persona, por lo que no se puede sujetar a un ministro a seguir desempeñando el cargo en contra de su voluntad, mientras que el Senado de la República “no debe ser un obstáculo en la determinación adoptada por el ministro, el cual debe asumir las consecuencias de su acto”.
La senadora Olga Sánchez Cordero expuso que no se puede obligar a un individuo para que permanezca en un cargo público aún en contra de su voluntad, pues al hacerlo se propiciaría y generaría un ambiente en el que se afectarían seriamente los principios que rigen al servicio público, especialmente en su ámbito jurisdiccional.
Por otra parte, explicó que el derecho humano al trabajo, establecido en organismos internacionales, dispone que toda persona tiene derecho a laborar, a elegir libremente su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias en éste, y a la protección contra el desempleo.
Además, instrumentos como el Pacto de San José, determina que nadie debe ser “constreñido a ejecutar un trabajo forzoso y obligatorio”, concluyó la senadora presidenta de la Comisión de Justicia.
El senador de Morena, Rafael Espino de la Peña, dijo que la renuncia de Arturo Saldívar establece un mal precedente, trivializa la causa de separación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional; además, contraviene la intención y espíritu de la Constitución.
Señaló que, el haber anunciado su adhesión a un proyecto político, evidencia la utilización del cargo como escalón y contribuye a una indebida politización del Poder Judicial y pone en entredicho la tan necesaria autonomía, que es el cimiento de la división de poderes.
También de Morena, la senadora Imelda Castro Castro sostuvo que, en su momento, no se le pidió al exministro Eduardo Medina Mora que expusiera sus razones para dimitir y se aprobó el asunto sin problema, pero ahora se cuestiona a Arturo Saldívar sólo porque existe una coyuntura electoral y no se toman en cuenta sus derechos.
En contra del dictamen, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, acusó que la renuncia del ministro de la SCJN se da por un interés particular, no por uno colectivo, y consideró como una falta de respeto que los senadores se enteren de los motivos de esa decisión sólo por las entrevistas que el funcionario ha dado en medios de comunicación.
Claudia Edith Anaya Mota, senadora del PRI, enfatizó que la reunión de Arturo Zaldívar con Claudia Sheinbaum “no es un pecado, sino una desvergüenza”, y advirtió que la su salida pone en riesgo independencia de poderes, pues al actual presidente de la República le tocaría nombrar a su quinto ministro, cuando sólo le correspondían tres.
En contra del dictamen, el senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, consideró que al no explicar claramente sus motivos para renunciar, el ministro Arturo Zaldívar vuelve cuestionables sus decisiones y argumentaciones como miembro de la SCJN, y surge la duda de cuándo fue que perdió la confianza y el decoro en sus determinaciones jurídicas.
Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, dijo que “no hay causa grave en esta renuncia de Saldívar: votaré en contra porque él mismo es una gravedad para el Poder Judicial, un juez protagónico, obsequioso con los de arriba, arrogante con los de abajo y petulante con sus pares”.
También en contra, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas calificó como “falsa” y “arriesgada” la mezcla entre derechos fundamentales de las personas y las responsabilidades constitucionales de los servidores públicos, que se ha dado en el caso del ministro, pues puede representar un grave precedente en el país.
Los senadores Germán Martínez Cázares, Indira de Jesús Rosales San Román y Claudia Edith Anaya Mota, presentaron una propuesta para que se cite a comparecer al aún ministro de la SCJN, para la que explique las razones de su dimisión, que rechazó por mayoría la Comisión de Justicia.
