Por José Luna
*La reforma tiene como propósito garantizar la estabilidad del sistema financiero mexicano*Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado avalaron la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal con 23 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y seis abstenciones del PAN, PRI y MC
Global Press Mx / El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló que la reforma tiene como propósito fundamental garantizar la estabilidad de nuestro sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional.
La reforma, añadió, amplía el alcance de la ley para incluir expresamente la prevención del financiamiento al terrorismo y refuerza la obligación de identificar al beneficiario controlador, asegurando transparencia sobre quien realmente controla o se beneficia de las operaciones, además de establecer un enfoque basado en riesgo, diferenciando cargas regulatorias según el nivel real de riesgo.
Corral Jurado dijo que las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal actualizan definiciones de importancia como relación de negocios, amplían la lista de actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, y precisa obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración antilavado.
Además, afirmó, prevé medidas simplificadas para sectores de bajo riesgo, como algunas organizaciones sin fines de lucro y entidades públicas; incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas políticamente expuestas; y mejora los sistemas de cumplimiento, exigiendo capacitar al personal, realizar auditorías en entidades de riesgo alto, implementar sistemas automatizados de monitoreo y gestionar reportes electrónicos de operaciones sospechosas, incluyendo aquellas no concluidas.
Javier Corral indicó que el dictamen fue enriquecido con las propuestas derivadas del parlamento abierto que se llevó a cabo en enero del presente año y en donde participaron la Asociación de Bancos de México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, el Colegio Nacional de Correduría Pública, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y la World Compliance Association, entre otras.
De tal manera, dijo, que se atendieron las diversas preocupaciones de carácter técnico, operativo y normativo, entre las que destacan la precisión en las obligaciones de las figuras fiduciarias, la diferenciación de cargas regulatorias conforme al nivel real de riesgo de las actividades, la ampliación de los plazos para la adecuada adaptación de los sujetos obligados, la de homogeneizar parte de los criterios de reporte para notarios y corredores públicos, especificando expresamente para ambos como actividades vulnerables sus actos, operaciones, protocolizaciones, así como cualquier otro acto que conlleve a su formalización, evitando asimetrías injustificadas.
El senador refirió que derivado de las inquietudes expresadas públicamente por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, se incorporó una disposición transitoria específica que reconoce su naturaleza no lucrativa, su bajo nivel de riesgo y sus limitadas capacidades operativas, elementos que las diferencian de los sujetos mercantiles tradicionales.
“Este transitorio permitirá una implementación gradual diferenciada acompañada por las autoridades competentes, garantizando un programa oficial de capacitación y orientación diseñado específicamente para las organizaciones de la sociedad civil, la aplicación de medidas simplificadas de cumplimiento, acordes con su perfil de riesgo real y la emisión de lineamientos técnicos diferenciados respetando la libertad de asociación y la protección del espacio cívico, en apego a la recomendación número 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional”, detalló.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, sostuvo que este dictamen obedece a las acciones que realiza Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado, por lo que al amparo de estas decisiones es importante que en el país se tomen medidas pertinentes; no por ello, advirtió, deja de señalar que hay modificaciones que van más allá y que pueden convertirse en un bumerán, como lo es el acceso a información de las y los ciudadanos a entes públicos sin restricción.
Por el PT, Lizeth Sánchez García, mencionó que el lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado no sólo afectan las cifras económicas, sino que erosionan la confianza ciudadana, limitan la inversión y socavan las oportunidades para millones de mexicanas y de mexicanos, por lo que esta modificación a la ley es una medida indispensable para evitar que estos delitos sigan debilitando a nuestro país.
En su oportunidad, Waldo Fernández González, del PVEM, aseveró que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo son cada vez más difíciles de rastrear, más complejos en sus estructuras y mucho más peligrosos por sus efectos, de manera que la reforma representa un fortalecimiento institucional sin precedentes de las autoridades que tendrán la responsabilidad de aplicar esta legislación, que busca proteger la estabilidad financiera y sobre todo la seguridad nacional de México.
A su vez, la senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, apuntó que su grupo parlamentario no acompaña la reforma por “vigilar a los ciudadanos, que nunca sabrán quién tiene sus datos, si las autoridades, los militares o los criminales”, además de que la Guardia Nacional investigará los delitos de lavado de dinero sin control del Ministerio Público y sin supervisión judicial, y los militares podrán vigilar cuentas “sospechosas” sin que haya una carpeta de investigación, sumado a que las organizaciones civiles serán considerados como personas de actividades vulnerables.
En tanto, Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, afirmó que, si bien coinciden con el objeto de la reforma, advirtió de posibles excesos que pudieran cometerse en relación con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunción de inocencia, así como de dar el carácter de víctima u ofendido a la Unidad de Inteligencia Financiera para poder participar en las investigaciones y procesos penales, sumado a que es “ambigua” la definición de personas políticamente expuestas y puede generar confusiones.
Por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que la reforma incomoda a quienes se han aprovechado de un cargo público y han actuado en complicidad en delitos como lavado de dinero, debido a la falta de una regulación efectiva.
Esta reforma, aseguró, permitirá que las instituciones del Estado cuenten con herramientas eficaces para cerrar el paso a la corrupción estructural y al dinero “sucio” que ha corroído al sistema financiero nacional, por lo que la reforma frenará el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el uso “perverso” de figuras jurídicas que han servido para encubrir fortunas.
