Por José Luna
*El presidente del Senado de la República acusó a la Suprema Corte de “intentar atropellar al Constituyente Permanente”, tras aprobar proyecto para abordar los recursos contra la reforma judicial*El legislador deja en claro que la elección de jueces, ministros y magistrados se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025
Global Press Mx / Durante la sesión de la Cámara Alta de este jueves y en conferencia al término de la misma, el senador Gerardo Fernández Noroña indicó que la determinación de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial “pone a la Suprema Corte fuera de la ley” y busca pasar por encima de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del soberano pueblo de México y del Proceso Extraordinario Electoral iniciado por el INE el pasado 23 de septiembre.
Y es que este mismo día el pleno de la SCJN resolvió por ocho votos contra tres elaborar un nuevo proyecto sobre la petición de jueces y magistrados para determinar si el máximo tribunal constitucional puede revisar la reforma constitucional del Poder Judicial.
Votaron a favor del proyecto la presidenta de la Corte y del Poder Judicial de la Federación (PJF), ministra Norma Piña, Alfredo Gutiérrez, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán; y en contra Jasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres.
En la sesión Fernández Noroña señaló que con dicho proyecto la Suprema Corte demostró su carácter faccioso, al plantear que está por encima del Poder Legislativo el cual tiene atribución soberana, como Constituyente Permanente, para reformar la Constitución.
El presidente de la Mesa Directiva asentó que ni la SCJN ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de la Cámara ni del Poder Legislativo, por lo que “no puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder, por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y, sobre todo, del soberano, que es el pueblo de México”.
Ante representantes de los medios de comunicación, hizo un llamado a la Corte a actuar con prudencia, responsabilidad y respeto, y acatar el mandato popular para elegir con voto universal y secreto a jueces, magistrados y ministros, de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, recientemente aprobada.
Insistió en que la SCJN pretende “atropellar al Constituyente Permanente” al haber aceptado, con una votación de ocho votos, revisar la constitucionalidad de esa enmienda, además de que no tiene ninguna facultad para hacerlo.
“Está dando un paso que francamente es una provocación, que francamente los pone en una condición, a ellos, fuera de la ley”, y que nos forzaría a tomar decisiones sobre las implicaciones legales de su comportamiento”,advirtió.
Hizo énfasis en que ese tipo de acciones implican responsabilidades jurídicas y políticas de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dieron entrada a ese proceso de revisión.
Descartó que la acción del Máximo Tribunal de Justicia del país sea un intento de “golpe de Estado jurídico”, aunque sí lo calificó como una “intentona desesperada e ilegal” por detener la reforma constitucional al Poder Judicial.
Reiteró que la Suprema Corte está invadiendo una esfera jurídica que no le compete bajo ninguna circunstancia, porque el proceso electoral ya inició.
“El órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral ha comunicado el inicio de ese proceso electoral, desde la emisión en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional inició el proceso y el propio órgano electoral lo formalizó hace 11 días”.
Asimismo, subrayó que la convocatoria para los aspirantes a formar parte del Poder Judicial Federal “está casi terminada y se emitirá en tiempo. Entregue o no entregue el Consejo de la Judicatura la información que le hemos solicitado, la convocatoria se emitirá”.
Enseguida de señalar que el órgano electoral va avanzando en la realización del proceso electoral que ya inició, en tono enérgico, sentenció:
“He solicitado al Área Jurídica de la Cámara de Senadores haga un análisis de las responsabilidades jurídicas en que están incurriendo los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Además de lamentar que “el teléfono rojo” no haya funcionado pues la ministra Norma Piña no le atendió cuando el día anterior intentó contactarla para insistir en solicitarle la entrega de la información solicitada.
