Por Ricardo Monreal Ávila / Colaboración Especial
Global Press Mx / El cartel de Medellín y el de Sinaloa han sido los más representativos del submundo del narcotráfico latinoamericano. El primero operó entre las décadas de 1970 y 1980, mientras que el segundo viene de un poco más atrás, de los años sesenta del siglo pasado.
Sus figuras centrales, en momentos distintos, fueron perseguidas sistemáticamente por las agencias estadounidenses y latinoamericanas, hasta su captura o muerte. Pablo Escobar, del Cartel de Medellín, nunca estuvo detenido en territorio de la Unión Americana y prefirió morir en un enfrentamiento directo antes que ser extraditado. Ismael “Mayo” Zambada, del Cartel de Sinaloa, también rehuyó la extradición hasta que un día, de acuerdo con algunas versiones, fue sustraído de territorio mexicano para su entrega en suelo estadounidense.
Lo mismo en diciembre de 1993, cuando fue abatido Pablo Escobar en Medellín, Colombia, como en agosto de 2025, cuando se anuncia la declaratoria de culpabilidad de Ismael Zambada, quien admitió sobornos a autoridades mexicanas, en Estados Unidos se informó que los cárteles habían sido decapitados, y sus estructuras criminales, liquidadas.
Sin embargo, entre los 32 años que transcurrieron entre uno y otro evento, el narcotráfico -como riesgo de salud pública- amenaza a la seguridad nacional, y el fenómeno criminal no disminuyó; al contrario, se ha vuelto cada vez más letal, amenazante y retador.
Y aquí nacen las diferencias de estrategia, enfoque y maneras de combatir un mismo flagelo que lacera por igual a la población mexicana, a la estadounidense, a la latinoamericana y a la de otros continentes.
La delincuencia organizada, en el caso de México, ha expandido su poder mediante redes globales que facilitan el tráfico de drogas o estupefacientes, armas y personas, con presencia en más de 38 países, lo cual exacerbó la violencia interna, con graves consecuencias para la sociedad civil, que demanda una respuesta alineada con el derecho humanitario internacional.
La estrategia de seguridad de administraciones pasadas priorizó la cooperación con Estados Unidos, incluso a costa de la soberanía nacional. Propuestas como la Iniciativa Mérida y la creación del USNORTHCOM permitieron la injerencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano, con operaciones controvertidas como Rápido y Furioso.
Esta dependencia se evidenció en la solicitud de apoyo explícito del Gobierno federal de entonces al Departamento de Estado de EE. UU., revelada por cables de WikiLeaks.
El juicio en Nueva York contra el ex secretario de Seguridad Pública de 2019 a 2020, Genaro García Luna, expuso la corrupción de altos funcionarios y la fragilidad de las estrategias de seguridad anteriores.
Casos como este reflejan los riesgos de delegar la seguridad nacional a potencias extranjeras sin un plan soberano. Al mismo tiempo, este episodio de la realidad nacional reflejó la ausencia de una estrategia general coherente e integral para erradicar las causas estructurales que subyacen al fenómeno de la presencia de la delincuencia organizada en la vida pública y privada.
Además, para efectos prácticos, la mal llamada guerra contra el narcotráfico no significó mucho más allá que un intento por legitimar a una administración que tuvo su origen en un cuestionable resultado electoral y que, a costa de la estabilidad interior, comprometió los recursos del Estado en aras de congraciarse con las conciencias que no refrendaron su apoyo en las urnas.
En tal orden de ideas, resulta lógico pensar que México requiere un nuevo paradigma para combatir el narcotráfico: uno que aborde las causas sociales y económicas de la delincuencia, fortalezca las instituciones judiciales y penitenciarias y utilice la cooperación internacional desde una posición de soberanía y reciprocidad, no de subordinación.
Por otro lado, del mismo modo se debe abordar con toda oportunidad el combate frontal o la lucha contra la corrupción en mandos de seguridad o incluso entre las filas de las Fuerzas Armadas. Al nocivo fenómeno de la impunidad lo reviste un carácter urgente para evitar futuros fracasos.
El esquema de decapitar a los cárteles es importante, pero no determinante, para acabar con la criminalidad asociada al tráfico de drogas. Por supuesto que es relevante extinguir la protección policial, judicial y política que permite a los cárteles crecer y reproducirse, y no hay que eludir ni sacarle la vuelta a ese paso, pero si no hay en paralelo una atención a las causas sociales, culturales, educativas, económicas y de desarrollo para los sectores más vulnerables y expuestos de la población (adolescentes, jóvenes, personas en situación de pobreza y sectores sociales marginados), los cárteles y las drogas seguirán transformándose, mas no extinguiéndose, como es el propósito de todos los Gobiernos.
Mientras no se reduzca la demanda, habrá oferta. Mientras solo se privilegie el enfoque punitivo y se descuide el ángulo de la salud pública, habrá países que pongan las personas muertas, y otros, las que padecen adicciones.
Sería conveniente que el esquema de seguridad que se está preparando entre los Gobiernos de México y EE. UU. contemple un enfoque integral e integrado sobre el uso y abuso de las drogas ilícitas.
Este esquema de cooperación en el marco de la relación bilateral y la buena vecindad es de suma importancia. De lo contrario, podrían intensificarse los ánimos injerencistas que ya se están viviendo en otras latitudes en donde, a propósito de señalamientos en contra de organizaciones delincuenciales se ha estado llevando a cabo una ofensiva de manera unilateral y en contraposición al principio de la libre autodeterminación de los pueblos.
El otro ángulo que debemos destacar es el uso y abuso político-partidista de la figura del Mayo.
Hay una competencia entre los partidos por deslindarse de este personaje y endosárselo al de enfrente, sin caer en cuenta que la longevidad y transversalidad del Cártel de Sinaloa y del mismo capo hablan de estructuras y prácticas que siguen intactas allí, y si no se desmantelan mediante una política integral de Estado, pluripartidista, multidimensional y de amplio consenso ciudadano, seguiremos viendo el surgimiento de más Mayos, y su captura y enjuiciamiento en otros países.
Así que esto aún no acaba.
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