En Defensa de la Soberanía Nacional y de los Principios de Política Exterior

Por Ricardo Monreal Avila

*La ayuda militar (planteada por el presidente Donald Trump en contra de los cárteles en México) se pagaría con acuerdos o tratados inadmisibles, “en los que el Gobierno “rescatado” termina cediendo territorio, riqueza del subsuelo o control directo de áreas gubernamentales estratégicas. “Dación en pago” es la figura jurídica del derecho mercantil que más se acerca a lo que sucede tras una ayuda militar como la que plantea EU”

Global Press Mx / La tercera estrofa del himno nacional de Estados Unidos (EU) podría ser suficiente para explicarle a su presidente, Donald Trump, por qué en México no aceptamos tropas extranjeras ni bajo la modalidad de ayuda humanitaria:

¡Oh, así sea siempre, en lealtad defendamos / nuestra tierra natal contra el torpe invasor! / A Dios que nos dio paz, libertad y honor / Nos mantuvo Nación con fervor bendigamos / Nuestra causa es el bien y por eso triunfamos / siempre fue nuestro lema: En Dios confiamos / ¡Y desplegará así su hermosura estrellada / Sobre tierra de libres la Bandera Sagrada.

Y no admitimos la presencia, ayuda ni incursión de tropas de otro país por la misma razón que no lo hace EU: 1) porque no lo necesitamos; 2) porque nuestra Constitución prohíbe ese tipo de operaciones, y 3) porque la historia de las incursiones de ese país en México, según Gastón García Cantú, dejó sangre, abuso y saqueos.

México padecería inconvenientes y perjuicios si recibiera apoyo en materia de seguridad bajo un esquema que implique ocupación, allanamiento o dominación por parte de EU.

Por ejemplo, una política injerencista conllevaría la pérdida parcial o total de la soberanía nacional, principio fundamental consagrado en nuestra Constitución, especialmente, en el Artículo 40, que dispone:

Artículo 40….

El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables.

No resulta constitucionalmente viable limitar la capacidad de toma de decisiones del Estado mexicano sobre su propio territorio, mediante la subordinación de las políticas de seguridad nacional a intereses extranjeros. En ese mismo tenor se pronuncian los principios constitucionales de política exterior, consagrados particularmente en el artículo 89 de la Carta Magna, los cuales establecen la no intervención, piedra angular de nuestra política exterior y del contenido sustancial de los tratados internacionales suscritos por México.

En materia geopolítica, al consentir una política injerencista en nuestro país, por parte de EU, se propiciaría el deterioro de las relaciones internacionales con otras naciones latinoamericanas y potencias como China o Rusia, lo que conllevaría la pérdida de credibilidad y liderazgo regional de México y un posible aislamiento diplomático en foros internacionales.

Además, atendiendo a la máxima de que “la mejor política exterior es la política interior”, de no privilegiarse la defensa de la soberanía nacional en estos temas, se generaría un impacto social y cultural significativo, ante el rechazo social manifiesto, basado en el sentimiento histórico asociado al antimilitarismo extranjero, y las consecuentes afectaciones a la identidad nacional y a la dignidad colectiva mexicana.

Y tampoco deben olvidarse los precedentes históricos de este tipo de acciones. Aún persiste en grandes sectores de la sociedad mexicana el recuerdo de las intervenciones pasadas, como la guerra México-Estados Unidos (1846-1848), la ocupación de Veracruz (1914) y la Expedición Punitiva (1916-1917), que le generaron profunda desconfianza y un recelo por lo que no se apegue al principio de no intervención.

En contrapartida, la historia reciente de las relaciones México-EU muestra que la cooperación en seguridad puede ser productiva cuando se basa en respeto mutuo, igualdad soberana y beneficio compartido, por lo que todo esquema que implique subordinación o pérdida de autonomía tendría consecuencias negativas para nuestro país.

Esto último se expuso el 3 de diciembre pasado en la Conferencia del Pueblo, en medio de rumores y filtraciones desde Washington, en el sentido de que el gobierno de Trump no descartaba una incursión militar para combatir a los cárteles criminales. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum nos recordó: “tenemos nuestro himno nacional”.

Y desde la primera estrofa hasta la última podría rubricar la respuesta del Gobierno de México a la impronta de querer enviar tropas estadounidenses a nuestro país para combatir a los cárteles criminales que, en la Unión Americana, de acuerdo con diversos estudios de seguridad nacional, podrían rebasar la cifra de 20 mil, sólo que allá se les llama gangs o “pandillas” y no carteles.

Una vez expuestos algunos antecedentes y fundamentos, habrá que enlistar y recalcar las razones y los motivos por los cuales las tropas extranjeras, especialmente estadounidenses, son inadmisibles en México:

Temporalidad: sabemos cuándo ingresan, pero no cuando salen.

Escalamiento: la espiral de violencia se incrementaría, no se contendría.

Colateralidad: poner un elefante a cazar ratones nunca ha dado buenos resultados. Son más los daños que los beneficios reportados.

Letalidad: este tipo de incursiones causan más bajas y afectaciones en la población civil inocente que entre los grupos paramilitares objeto de la intervención.

Ineficacia: los planes de asistencia militar, diplomática y económica para combatir el narcotráfico o la guerrilla, instrumentados hasta ahora por EU en América Latina, como el Plan Colombia (año 2000) exacerbaron el problema, no lo terminaron.

Vulnerabilidad: vuelven más endebles y débiles a los Gobiernos apuntalados, que terminan siendo desplazados o sustituidos por Gobiernos autocráticos o pretorianos.

Postración: la ayuda militar se paga con acuerdos o tratados inadmisibles, en los que el Gobierno “rescatado” termina cediendo territorio, riqueza del subsuelo o control directo de áreas gubernamentales estratégicas. “Dación en pago” es la figura jurídica del derecho mercantil que más se acerca a lo que sucede tras una ayuda militar como la que plantea E.

Incertidumbre: el intervencionismo podría desestabilizar los mercados financieros y generar, ante un escenario incierto, la fuga de capitales o un impacto negativo en sectores como el turismo, por la percepción de militarización.

Todo apoyo en materia de seguridad debe darse bajo los principios de cooperación, corresponsabilidad y coordinación entre países, no bajo la perspectiva de ocupación, allanamiento o dominación de uno sobre el otro.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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