De la Redacción
*A través de la Semarnat presentó la denuncia al constatar que la negligencia provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, afectando a comunidades de ocho municipios sonorenses
Global Press / El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó una denuncia en contra de la empresa Grupo México derivada del derrame del derrame de sulfato de cobre sobre el Río Sonora y la subsecuente falta de remediación sobre los daños.
Durante la conferencia mañanera, la secretaria María Luisa Albores informó que la denuncia penal fue presentada el pasado 17 de agosto, luego de señalar que esa empresa propiedad del empresario Germán Larrea no cumplió con las acciones para remediar los daños que se registraron como consecuencia del derrame que se extendió por ocho municipios.
El derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre no fue un accidente, sino negligencia, sostuvo la titular de la dependencia quien resaltó que se continuará impulsando la justicia social y ambiental en la región.
“Nosotros el 17 de agosto pasado hicimos una denuncia penal a Grupo México porque no ha cumplido con la remediación ambiental”, puntualizó.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional se transmitió un video, cuyo contenido enseguida se transcribre:
Voz de mujer: El 6 de agosto de 2014, en el estado de Sonora ocurrió el desastre ambiental más grave de la historia de la minería metálica en México: la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado hacia un afluente del río Sonora, lo que afectó a miles de personas de ocho municipios del estado.
Para llevar a cabo la remediación, reparación y compensación de los daños ambientales y a la salud humana, así como para reparar los daños materiales de las personas, Grupo México celebró un convenio con la Profepa en el que acordó crear un fideicomiso con un fondo de dos mil millones de pesos iniciales.
Entre los pagos realizados con cargo al patrimonio del fideicomiso se encuentra la planta potabilizadora que se instaló en la localidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe, con un costo de 4.7 millones de pesos, la cual operó durante sólo dos años, debido a la falta de recursos.
Otras nueve plantas fueron instaladas en la región, producto de la coordinación directa de Grupo México con la Subdirección General Técnica de la Conagua, las cuales no fueron instaladas en su totalidad y de las cuales sólo una operó durante un mes, la de San Rafael de Ures.
Sin haber atendido los impactos causados al ambiente y a la salud, en 2017 decidieron extinguir el fideicomiso; sin embargo, en 2020 una sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los actos emitidos por la autoridad administrativa que tuvieron por objeto la reparación y compensación ambiental violentaron el derecho a la información y consulta de la comunidades afectadas al no darles participación en asuntos que pudieran afectar su derecho al medio ambiente sano.
Es por ello que la Suprema Corte ordenó emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas impuestas y un nuevo resolutivo en materia de remediación, previo diálogo con los afectados, dejando sin efectos el convenio de extinción del fideicomiso río Sonora.
La operación del fideicomiso requiere la instalación de un comité técnico con participación de representantes de la empresa, quienes han ignorado en diversas ocasiones las invitaciones de la autoridad ambiental para sesionar y reiniciar labores.
Asimismo, Grupo México ha sido omiso ante las solicitudes de Nacional Financiera para reincorporar al fideicomiso los recursos que le fueron entregados por el convenio de extinción del mismo.
Han pasado nueve años de ese gran desastre y los pobladores de la cuenca del río Sonora exigen justicia.
El 4 de julio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan de Justicia para Cananea conformado por cinco ejes, entre ellos el de salud ambiental y derecho al agua.
A partir de ello y ante la demanda de la población afectada que integró en comités de cuenca, la Semarnat a través del IMTA y el Ineec elaboró el dictamen diagnóstico ambiental del río Sonora, un esfuerzo del Gobierno de México para generar evidencia técnico-científica y garantizar el derecho a un medio ambiente sano para las comunidades ubicadas a lo largo de los más de 400 kilómetros de río.
Entre sus resultados, demuestra que el desastre no fue un accidente, sino una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1. Da cuenta de la presencia actual de contaminación en agua, aire, flora y fauna, además de metales pesados por arriba de la norma.
Los muestreos de sedimentos, agua superficial y suelo demuestran que las altas concentraciones de metales encontradas en ellos están asociadas con la actividad minera y el derrame de 2014.
En el caso de la presencia de metales en agua superficial, estos rebasan el límite establecido para los criterios ecológicos como fuente de abastecimiento de agua potable; además, la presencia de mercurio en agua y sedimentos del río es muy significativa, pues este metal no se encuentra de forma natural en la geología de la zona.
Se presentan resultados relacionados con daños en artrópodos y específicamente polinizadores que reflejan cómo se pierde la biodiversidad conforme se reduce la distancia con respecto al sitio del derrame y al polígono de la mina”, agregó.
La actual Semarnat no acepta que se remedió el daño ambiental que causó Grupo México, el derrame no fue un accidente. El gobierno de la República se debe al pueblo y a las comunidades de la cuenca del río Sonora. Continuará con el trabajo y el diálogo hasta lograr justicia social y ambiental en la región, concluyó.
