Impuesto a las Remesas

Por Ricardo Monreal Avila / Columnista Invitado

*A la par, “otros migrantes y sus familias en México podrían optar por bancarizarse, lo que les permitiría recibir estos recursos a través de transferencias interbancarias, las cuales no estarían sujetas al impuesto”*Otras consecuencias de carácter indirecto podrían ser el crecimiento de canales no oficiales o el surgimiento de medidas con base en métodos informales para enviar dinero de EU a México, eludiendo los medios convencionales que estarán a cargo de actualizar la comisión

Global Press Mx / Después del rechazo al “Gran y hermoso proyecto de ley” (es decir, la primera iniciativa de impuestos y gasto presupuestal del presidente Donald Trump durante su segundo mandato), el fin de semana volvió a presentarse en Comisiones el Paquete Fiscal que incluye un impuesto del cinco por ciento a las remesas que envían las y los migrantes a sus familias en sus países de origen, y ahora sí pasó, con el número de votos necesario para someterla a consideración del Pleno de la Cámara de Representantes. Es decir, es altamente probable que las remesas sí sean gravadas con esa tasa, una vez aprobado el Paquete Fiscal.

La propuesta de impuesto a las remesas tendría, según opiniones diversas, impactos significativos en nuestro país. En primer lugar, se habla de un efecto económico directo ante la posible reducción del flujo de remesas.

El envío de dinero de Estados Unidos a México, tan solo el año pasado, superó los 62 mil millones de dólares, y un porcentaje importante proviene de migrantes indocumentados.

Una reducción del cinco por ciento representaría una cantidad considerable de dólares menos llegando a familias mexicanas.

Cabe mencionar que 10 millones de hogares en el país (de los 38 millones censados) reciben algún tipo de remesas desde EU y, de estos, aproximadamente 1.6 millones dependen significativamente de ellas, representando más del 50 por ciento de sus ingresos totales, por lo que una reducción afectaría su capacidad de consumo básico.

Además, podrían darse efectos económicos secundarios, como la caída en el consumo interno, pues las remesas se destinan principalmente al consumo básico (alimentación, salud, educación), y su reducción afectaría al comercio local, especialmente en estados con alta migración como Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca.

Otro probable efecto sería la presión sobre el peso mexicano. Las remesas son la segunda fuente de divisas para México, después de las exportaciones automotrices, por lo que, de darse una reducción considerable en el monto de los envíos de dinero transnacionales, se generaría una presión adicional sobre el tipo de cambio.

El impacto social es otra de las dimensiones sobre las que se podría especular, ya que en comunidades altamente dependientes de remesas aumentarían los índices de pobreza.

Por otro lado, un efecto social inesperado podría ser, paradójicamente, mayor migración, pues las familias afectadas podrían enviar a otros de sus integrantes a EU para compensar las pérdidas o la insuficiencia de ingresos.

Otras consecuencias de carácter indirecto podrían ser el crecimiento de canales no oficiales o el surgimiento de medidas con base en métodos informales para enviar dinero de EE. UU. a México, eludiendo los medios convencionales que estarán a cargo de actualizar la comisión, lo que reduciría la efectividad de la medida, aunque aumentaría los riesgos de seguridad.

En correspondencia con esto último, se esperaría también cierta adaptación del mercado. Las empresas de transferencias podrían desarrollar nuevos productos o servicios para mitigar o distribuir el impacto del impuesto.

No deben dejar de mencionarse las repercusiones en materia diplomática, ya que esta medida podría generar tensiones adicionales en la relación México-EU., la cual se ha visto complicada recientemente por temas migratorios y comerciales. Aunque, de inicio, la Presidenta de la República no ha anunciado posibles contramedidas, no puede descartarse la proactividad de su gobierno, mediante la implementación de medidas compensatorias o la exigencia de concesiones en otros ámbitos de la relación bilateral.

También resulta importante considerar que este impuesto enfrentaría desafíos prácticos significativos, como verificar el estatus migratorio de las y los remitentes y evitar la evasión, lo que podría limitar su implementación efectiva.

No obstante lo anterior, el grupo BBVA acaba de difundir un estudio al respecto, cuyas observaciones más importantes vale la pena resaltar.

Primeramente, que la propuesta de gravar las remesas “tendría un impacto menor en la economía mexicana y no comprometería la balanza de pagos del país”.

De acuerdo con la institución financiera, México recibió, por este concepto, 62 mil 500 millones de dólares desde territorio estadounidense durante 2024, por lo que la imposición de este gravamen representaría 1,563 millones de dólares para 2026.

Esta cifra no tendría afectaciones significativas en la balanza de pagos de México. Considerando su estimación de una caída de 1,563 millones de dólares, el déficit de cuenta corriente se incrementaría únicamente en un 0.08 por ciento del PIB.

El documento indica además que, de los 12.7 millones de migrantes de México que vivían en EE. UU. el año pasado, según datos de la Current Population Survey, 4.5 millones poseían ciudadanía estadounidense; cerca de 3.7 millones eran residentes permanentes o tenían algún otro estatus migratorio regular, como una visa, y 4.5 millones eran personas no documentadas.

Dentro de ese último grupo, alrededor de 400 mil eran beneficiarias y beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), lo que les otorga permiso para trabajar, además de protección contra la deportación.

Por tanto, BBVA estima que la población migrante mexicana que podría verse directamente afectada por la propuesta de impuesto asciende a unos 4.1 millones de personas, y que el resto de ella, alrededor de 8.6 millones, que también envía remesas, en principio no sería perjudicado.

La afectación se daría en el costo del envío de remesas: pasarían de un promedio de 6 dólares por cada 350 dólares enviados, a 23.50 dólares, según estimaciones de la Profeco.

Sin embargo, como se subrayó líneas arriba, esto último podría generar distorsiones artificiales en el mercado y llevar a que las personas migrantes busquen mecanismos alternativos para evitar el pago de este impuesto.

En este sentido, BBVA expuso que muchas personas migrantes no documentadas podrían recurrir, por ejemplo, al apoyo de familiares y amistades con ciudadanía o residencia en EU., para canalizar los envíos en su nombre.

A la par, “otros migrantes y sus familias en México podrían optar por bancarizarse, lo que les permitiría recibir estos recursos a través de transferencias interbancarias, las cuales no estarían sujetas al impuesto”.

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