México: Entre la retórica y la realidad
Por José de Jesús Marín Fermán
*»Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan»
Benito Juárez
Global Press Mx / Por humanidad, no se puede ser indiferente ante el sufrimiento y el dolor ajeno, sin importar la ideología. En un país donde la política se ha convertido en un espectáculo de discursos vacíos y promesas incumplidas, resulta alarmante escuchar declaraciones como las del senador Gerardo Fernández Noroña, quien intenta justificar la inacción gubernamental con argumentos que buscan ocultar lo evidente. Su postura ha llevado a muchos a cuestionar si el actual gobierno está realmente comprometido con la ciudadanía o si, como se murmura en las calles, ha caído en una peligrosa connivencia con el crimen organizado.
El senador Noroña, quien nunca ha sido electo por voto popular y llegó al poder por la vía plurinominal, no responde a los ciudadanos, sino a quienes lo colocaron en su puesto. Además, respalda una reforma judicial basada en una tómbola, lo que refuerza la percepción de improvisación y falta de seriedad en la toma de decisiones.
En este contexto, la realidad supera a la ficción: México enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, y la falta de resultados del gobierno solo alimenta la desesperanza. Si quienes ocupan los más altos cargos no son capaces de garantizar lo mínimo—seguridad y justicia—entonces la renuncia no solo es una opción, sino un deber cívico. Sin embargo, el civismo, materia eliminada hace años de la educación pública, parece haber sido olvidado también en la esfera política.
Los datos son irrefutables: el país se ha convertido en una república de fosas clandestinas y crematorios ilegales. El gobierno federal, junto con las administraciones estatales y municipales, es responsable de esta crisis humanitaria. Mientras las familias buscan a sus desaparecidos, el oficialismo responde con discursos desprovistos de empatía y con estrategias evasivas.
Más indignante aún fue la declaración de la exsecretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien aseguró que el 86% de los desaparecidos en México “se fueron voluntariamente”. Un comentario que insulta la memoria de miles de víctimas y deja en evidencia la insensibilidad del Estado ante una tragedia nacional.
En lugar de asumir la responsabilidad, la presidenta—o “cínica con A”, como la llaman irónicamente algunos en alusión al lenguaje inclusivo—prefiere desviar la atención. Acusa a sus adversarios políticos, como el expresidente Felipe Calderón, de manipular las marchas de familiares de víctimas con fines políticos.
Es cierto que, presionada por organismos internacionales, la mandataria ha anunciado acciones como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la creación de un certificado de identidad único, el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana y la equiparación del delito de desaparición con el secuestro. Ahora solo queda esperar que estas iniciativas no queden en el papel y se implementen con eficacia.
Pero la verdad es contundente: esto no es un ataque partidista, sino una exigencia legítima de justicia y verdad. Los ciudadanos no pueden conformarse con un gobierno que ofrece solo un “circo mañanero” lleno de mentiras. La pregunta es inevitable: si no pueden cumplir con su deber más básico, ¿para qué están en el poder?
México necesita respuestas. México necesita justicia. Y, sobre todo, México necesita gobernantes que honren su palabra con hechos.
