Por José Luna
*¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?, tema de inicio*Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como el ex presidente de la Corte Arturo Zaldívar, externaron opiniones divergentes al comienzo de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial
Global Press Mx / La ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, expresó que el ejercicio representa una oportunidad única para reflexionar y debatir sobre temas de trascendencia nacional que involucra a todos los poderes de la Unión, como es la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial, no solo al federal, también al local en las distintas entidades. Estableció que desde la judicatura federal participarán y expresarán sus posturas sobre cada uno de los temas que en ella se aborden.
La ministra, quien solicitó exponer hasta el final de los participantes en el foro su participación, indicó que la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial, y que pensar en una reforma a ese Poder implica reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. “Seamos críticos de la justicia en México, la realidad no nos permite otra actitud”.
Un paso veloz ante modificaciones estructurales, advirtió, solo puede dar entrada a problemas mayores. En la reforma judicial que hoy convoca no debe pesar más la celebridad que la idoneidad; “las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas”.
Expresó su convicción por que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. “Estamos abiertos a entablar un diálogo real, responsable, pero para ello se requiere voluntad de reflexión. Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división: los derechos y las libertades de las y los mexicanos”.
En su turno, el ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo, señaló que después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integran la Judicatura Federal. “Tengo la convicción de que la gran mayoría de las y los juzgadores federales prestan sus servicios con honestidad y profesionalismo, y que los casos de corrupción son la excepción no la regla general”.
No obstante, añadió, se debe reconocer que la justicia federal tiene áreas de oportunidad en las que se debe mejorar y evolucionar en aras de atender de mejor manera a la sociedad a la que servimos. Dijo que de manera personal no comparte que el mecanismo de elección de jueces, juezas, magistradas y magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte por voto directo de la ciudadanía, sea el más idóneo. Sugirió que la sustitución sea de manera gradual, escalonada y atendiendo las vacantes que naturalmente se van presentando.
Quien expuso una feroz crítica de la actuación del Poder Judicial, fue la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien encontró eco en el Consejero de la Judicatura, Bernardo Batiz, y en el ex presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar
La recién designada ministra de la Corte, expresó que cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión: el garantizar justicia. Propuso limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa.
Asimismo, limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional, eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y magistrados de tribunales administrativos o agrarios, y transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales abriendo las sesiones de la Suprema Corte, así como revisar quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá enfatizó que hay un reclamo innegable de justicia en la sociedad que no encuentra remedio en el modelo actual, pero de aprobarse la reforma en sus términos, no ofrece solución integral de los problemas que aquejan al país a nivel federal y local.
Por lo tanto, indicó, la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de mexicanos; sin embargo, “ya no es tiempo de críticas, sino de contribuir y dialogar sobre los objetivos y retos que contiene, que pretende modernizar a todos los poderes judiciales del país, dotarlos de legitimidad democrática, transparencia y responsabilidad pública, cuyos objetivos son loables y apremiantes”.
Mientras que el ministro Javier Laynez Potisek subrayó que el cargo de juzgador no puede sustentarse en apoyos directos e indirectos que recabe durante una campaña para lograr ganar una elección, pues inevitablemente comprometerá la independencia y resolución, y estaría más propicio a la corrupción y conflicto de interés. “Más de 30 mil oficiales, actuarios y secretarios perderán el incentivo para prepararse para llegar a ser juez y en un futuro ser magistrados, pues deberán salir a buscar los apoyos para ganar la elección”.
Dijo estar convencido de que la mayoría de las personas juzgadoras, así como demás integrantes de la carrera del Poder Judicial, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes y dan su mejor esfuerzo en la impartición de justicia. Advirtió que la elección por votación popular no es la solución que aquejan a este Poder y en realidad esta propuesta podría agravarlos.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que es un imperioso deber efectuar los cambios que requiere la función de impartir justicia para recuperar la confianza ciudadana, como la elección de juzgadores por elección y que quienes participen tengan la preparación jurídica y el conocimiento técnico de las materias sobre las que va a juzgar, a fin de elevar su nivel técnico y de competencia.
El reto, expresó, es mantener su independencia y autonomía respecto de los demás poderes constitucionales e inclusive con relación a poderes fácticos y económicos. Propuso la elección popular de las y los integrantes de la SCJN y del Tribunal de Disciplina Judicial; la sustitución progresiva de juezas, jueces, magistradas y magistrados; garantizar la idoneidad y excelencia de quienes participen, que se respeten los derechos laborales de todas y todos, la observancia de la paridad de género, jueces cercanos a la gente y justica para todos por igual.
El también ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideró que la independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales, garantizando que las personas sean escuchadas en igualdad de condiciones, independientemente de su poder político o económico. “Una reforma al Poder Judicial mal hecha afectará a la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico”.
Lo mejor, afirmó, sería una reforma al sistema meritocrático de carrera judicial que ya se tiene, cuando es bien implementado es superior, ya que toman decisiones más consistentes. La eventual reforma debe incluir: profesionalización de la función judicial, garantía de estabilidad en el cargo, remuneración justa y plan de retiro digno, profesionalización de los litigantes y fortalecimiento de las defensorías públicas, revisión de los poderes locales, así como fortalecimiento del arbitraje.
A su vez, el ministro Alberto Pérez Dayán dijo coincidir con el eje fundamental de la iniciativa que plantea el Ejecutivo, en virtud de que las instituciones del Estado no han alcanzado hasta ahora el nivel de satisfacción que demanda la sociedad; no obstante, toda propuesta de reforma impone un estudio profundo y la prisa no es buen consejero, por lo que no es recomendable tomar riesgo alguno.
Sin embargo, enfatizó que el país no debe dejar pasar la oportunidad que representa esta iniciativa, por lo que apeló a la experiencia legislativa y judicial, para impulsar la reforma, de tal manera que los tres poderes unidos, refrenden el compromiso del gobierno con su pueblo, pues “eso es lo que persigue una mejor justicia”.
Al abordar los mecanismos de selección de quienes integran los más altos órganos del Poder Judicial de la Federación, la ministra Loretta Ortiz Ahlf apuntó que, según un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo más relevante para un procedimiento de selección es que desde una perspectiva sustancial y con independencia de que se elija un mecanismo directo o indirecto de elección, deben existir garantías que aseguren que estos no sean realizados ni percibidos de carácter político afectando así la convicción de los justiciables.
“Dentro del Sistema Interamericano se ha concluido que con independencia del proceso definido en cada país estos siempre deberán contar con criterios objetivos de seleccionados basados en méritos personales y capacidad profesional de las personas candidatas, regirse por los principios de transparencia y publicidad, garantizar la oportunidad de toda persona sin discriminación de acceder al cargo en igualdad de condiciones”.
La ministra Ana Margarita Ríos Farjat hizo reflexionar en que una buena reforma legislativa debe tener cuatro características: estar orientada a resolver problemas, no desarreglar lo que funciona, ser económica e implementarse con sencillez. Esta reforma, añadió, debe abordar lo relativo a las fiscalías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda y de atención a víctimas, ya que la ciudadanía relaciona estas áreas como parte del Sistema de Justicia.
Resaltó que otros aspectos que deben ser considerados son el fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados y de la escuela del Poder Judicial de la Federación, impulsar la capacitación de las fiscalías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda y de atención a víctimas, mejorar a la carrera judicial, la creación de figuras como jueces mediadores, así como promover la asesoría jurídica gratuita en zona prioritarias y el uso de la tecnología e inteligencia artificial para difundir el quehacer judicial.
El ministro Luis María Aguilar Morales dijo estar a favor de una verdadera carrera judicial pues ésta garantiza la independencia de los jueces, es una institución que se ha perfeccionado, evolucionado y es un derecho del pueblo, no un privilegio de los juzgadores; por ello se tiene que perfeccionar. “No es una cuestión accidental, es sustancial que los jueces sean independientes para servir al pueblo”.
Consideró que en la reforma se debe abordar el tema de la justicia en los estados porque es necesario contar con un sistema más estricto de selección de los juzgadores, para que no sean los gobernadores los que impongan a los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.
