Oportunismo político y revictimización

Por Ricardo Monreal Avila / Colaboración Especial

*Perversidad y oportunismo político de los opositores para criticar al gobierno federal  con el Caso de Teuchitlán, al que se suma el drama de las miles de personas desaparecidas y de la desatada criminalidad*Buscar sacar raja partidista de esta tragedia es otra forma de revictimizar a las y los desaparecidos

Global Press Mx / El lamentable caso del rancho Izaguirre ilustra muy bien los dos extremos por los que ha transitado la tragedia social y judicial de las personas desaparecidas en México: de la invisibilidad de los hechos a la politización de éstos.

Y es que buscar sacar raja partidista de esta tragedia es otra forma de revictimizar a las y los desaparecidos.

Afirmar que el predio era el “Auschwitz mexicano”, un campo de exterminio de la delincuencia organizada, sólo busca abonar a la narrativa de que los cárteles mexicanos, como el CJNG, son “organizaciones terroristas extranjeras”, por lo que se requiere con urgencia una intervención armada del exterior para terminar con esta tragedia.

Por supuesto que debe combatirse sin retraso a los cárteles del crimen, con independencia del concepto con que se designen. El crimen, organizado o no, extranjero o nacional, aterrorice o sólo explote económicamente a la población, tiene que enfrentarse sin excusa.

Al ser la delincuencia organizada en nuestro país un fenómeno ominoso, con carácter complejo o multifactorial, para abordarlo es necesario implementar un enfoque integral y multidimensional.

En principio, priorizar el fortalecimiento institucional; reformar y despolitizar las instituciones de seguridad y justicia, mejorando la capacitación, selección y supervisión de los cuerpos policiales y judiciales.

De ahí la seriedad con que la Presidenta de la República decidió los perfiles para encabezar las Secretarías correspondientes.

Igualmente, es importante implementar sistemas robustos de evaluación y control de confianza, para eliminar la corrupción dentro de las instituciones; aumentar los recursos y el apoyo logístico para las fuerzas de seguridad, y crear unidades especializadas independientes, para investigar y procesar casos de corrupción gubernamental, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

También, establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, más allá de presentar la declaración patrimonial y de intereses, y de los esfuerzos focalizados de instancias como la Auditoría Superior de la Federación.

Desde el ámbito legislativo, se debe seguir en la línea de las Iniciativas que contemplan una serie de medidas más severas contra la corrupción, con verdadero poder de sanción.

En cuanto a las estrategias de carácter económico y social, no hay que soslayar el desarrollo de programas de prevención del delito enfocados en comunidades vulnerables, así como la generación de oportunidades económicas y educativas en zonas de alta marginación y la implementación de políticas de primer empleo, educativas, artísticas, deportivas y de reinserción social para jóvenes en riesgo de entrar al crimen organizado.

También deben considerarse las acciones de inteligencia y coordinación operativa, mediante la optimización de la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad a nivel federal, estatal y municipal, fortaleciendo al mismo tiempo las capacidades de innovación tecnológica, para desarticular redes criminales y desarrollando estrategias de intervención basadas en información y análisis de datos.

Por otro lado, ninguna estrategia integral estaría completa sin un ataque coordinado a la estructura financiera de los grupos de la delincuencia organizada, mediante la implementación de mecanismos más estrictos para rastrear y congelar activos de agrupaciones criminales, el fortalecimiento de la legislación contra el lavado de dinero y el aumento de la colaboración internacional para combatir los flujos financieros ilegales.

Debe considerarse también reorientar la estrategia de combate al narcotráfico hacia un enfoque de salud pública, reduciendo la demanda mediante programas de prevención y tratamiento de adicciones y desarticulando las redes de distribución con estrategias inteligentes.

Y no debe descuidarse la protección a víctimas y testigos, fortaleciendo los sistemas de protección para testigos y víctimas, garantizando el apoyo integral a las familias afectadas por la violencia y estableciendo mecanismos efectivos de reparación del daño.

Lo expuesto recientemente por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue la existencia de un ilegal campamento de entrenamiento, no de un centro de exterminio.

En una primera indagación, no se hallaron hornos crematorios ni fosas clandestinas ni restos humanos. Si algo de esto llegó a existir antes, lo deberá aclarar pericial y judicialmente la autoridad local, primer eslabón de la procuración de justicia.

Hay urgencia extrema de un sector de la oposición para equiparar Teuchitlán con Ayotzinapa y con la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. ¿Con el propósito de ayudar a las víctimas y sus familiares? Por supuesto que no, es con el objetivo de minar la legitimidad de la actual administración federal.

Es importante valorar que lo hecho hasta el momento en el caso Teuchitlán es lo correcto.

1º.- Lo que realiza la Fiscalía General de la República son las diligencias conforme al debido proceso, para atraer un caso de competencia local.

2º.- La Presidenta Claudia Sheinbaum jamás ha negado la gravedad de lo sucedido en el rancho Izaguirre ni ha escatimado el apoyo y la solidaridad con las madres buscadoras. Tan es así, que envió dos iniciativas para reforzar y fortalecer tanto la búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas como la prevención de este tipo de sucesos. Y en la Cámara de Diputados, el grupo mayoritario de MORENA y sus aliados aprobaremos de manera prioritaria estas iniciativas y las demás que sean necesarias para terminar con este tipo de eventos delictivos.

3º.- Rechazamos la invisibilización de las personas desaparecidas o no localizadas, así como la politización de este tipo de tragedias con el único fin de obtener ventaja partidaria o rentabilidad electoral, pues esa es la peor de las revictimizaciones de las personas desaparecidas.

4º.-  Es falsa la narrativa de que las cifras que muestran la baja en ejecuciones extrajudiciales esconden el incremento de las y los desaparecidos. Ni estadística ni judicialmente se sustenta ese discurso.

Hace falta altura de miras para abordar esta tragedia; en cambio, sobran la perversidad y el oportunismo político para aprovecharse de esta asignatura pendiente de la agenda nacional sobre seguridad y derechos humanos.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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