Segob Presenta Decálogo de Acciones para Implementar Reformas a Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas
Por José Luna
*La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, acompañada de funcionarios de la dependencia y de la Fiscalía General de la República detallaron el programa de acción, plazos estimados e instituciones participantes para poner en marcha tales reformas
Global Press Mx / En rueda de prensa, en el Salón Benito Juárez de la Secretaría del Interior, Rosa Icela Rodríguez, recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó atender ese sensible tema como una prioridad de su gobierno y especificó que las reformas aprobadas por el Congreso hace tres semanas no obliga a los mexicanos a otorgar sus datos biométricos al Gobierno a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
La funcionaria federal estuvo acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; la Fiscal Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la FGR, Sara Irene Herrerías; el director general del Renapo, Arturo Arce; y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Enciso.
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, señaló que tales acciones darán seguimiento preciso a los compromisos que el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo adquirió con los 450 colectivos de búsqueda de personas que participaron en los diálogos con la Segob.
Se establecio que las acciones ya están en marcha, algunas de las cuales tienen fecha límite para implementarse. La primera es la expedición del Reglamento de la Ley General de Búsqueda, que deberá estar listo antes del 15 de octubre próximo.
La segunda acción es la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), que unifica y regula las tareas de búsqueda en todo el país y brinda protección a las familias de buscadores. La tercera es la creación de la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda, en las que ya trabaja el Registro Nacional de Población (Renapo) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), pues debe estar activa y funcionando también antes del 15 de octubre.
En esa Plataforma Única de Identidad vinculará los registros públicos y privados de datos biométricos y desapariciones denunciadas ante las Fiscalías locales. Por ello también se trabaja con la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de sus bancos de datos.
La cuarta acción es que en todas las búsquedas de personas desaparecidas deben proporcionarse datos biométricos e imágenes satelitales que permitan dar seguimiento a los rastreos. La quinta es el fortalecimiento de las Fiscalías especiales y del Banco Nacional de Datos Forenses.
El subsecretario Arturo Medina especificó que las Fiscalías tienen el compromiso de abrir vacantes y comenzar la contratación de más personal, profesionalizarlo y capacitarlo en materia de derechos humanos.
Una sexta acción es la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, ese registro obliga a las Fiscalías locales y especializadas a abrir de inmediato, carpetas de investigación ante la desaparición de una persona y actualizarla en tiempo real para la consulta de los familiares y otras dependencias interesadas.
La séptima es la atención al rezago en la identificación de cuerpos en fosas comunes y sitios forenses, calificándola como una “una tarea titánica”, pues en principio deben conocer el universo total de cuerpos sin identificar.
“Tenemos, en todo el país, un rezago de décadas en la identificación de cuerpos. Por eso, todas las dependencias deben ponerse al corriente en esa tarea, sobre todo las autoridades locales”, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos.
La octava acción de seguimiento es la atención especial a los hijos e hijas de personas desaparecidas, eso a través de garantizarles acceso a los programas sociales del Gobierno federal y un programa especial de apoyo para ellos como víctimas directas de la desaparición forzada. Sobre ese programa, dijeron, se darán más detalles después.
La novena es que el Sistema Nacional de Búsqueda sesione de manera periódica y la décima acción es presionar a los Gobiernos locales para que actualicen sus leyes en materia de desaparición:
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, admitió que los colectivos de madres buscadoras, que expresan su inconformidad por no ver en la reforma en materia de desaparición sus propuestas, tienen razón “porque que no ven todas sus propuestas en la ley”, sin embargo, dijo que un 99 por ciento sí fueron incluidas.
Icela Rodríguez admitió que en las leyes «no se reflejan las 570 propuestas que hicieron», pero se concretaron en 30 cambios sustanciales a las reformas que en un inicio presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El subsecretario Arturo Medina explicó que se realizó un ejercicio de síntesis y análisis para incluir todas las propuestas, muchas de las 470 se repetían y que ya se reunieron con varios colectivos inconformes para explicarles, artículo por artículo, donde se integraron sus propuestas.
“No con las palabras que ellos querían y tal vez no con el alcance, porque como Gobierno federal no podemos, no tenemos competencia, en temas locales. Hay temas de presupuesto y de reglamentos que no pueden estar en esa ley, pero sí lo estamos viendo aparte”, puntualizó.
En resumen las acciones son:
- Expedición del Reglamento de la Ley de Búsqueda. Deberá expedirse a más tardar el 15 de octubre de 2025.
- Actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) para integrar los planes de seguridad en las búsquedas y protección para las familias.
- Poner en marcha la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda.
- Usar datos biométricos e imágenes satelitales en búsquedas.
- Fortalecer Fiscalías Especializadas y el Banco Nacional de Datos Forenses.
- Crear la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- Atención del rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos.
- Atención integral a hijos e hijas de personas desaparecidas.
- Sesión del Sistema Nacional de Búsqueda.
- Armonizar leyes locales con la Ley General.
De esa forma, con la participación de más de 450 colectivos y familias representadas por redes y plataformas, se recabaron 570 propuestas legislativas y también en política pública, relacionados con cinco ejes de trabajo.
Uno, búsqueda y seguridad; dos, identificación humana forense; tres, bases de datos y sistemas de información; cuatro, bienestar; y cinco, prevención. Además de la sensibilización de la población en general para prevenir factores de riesgo.
“Por eso, no basta con la aprobación de la ley; estamos trabajando en las consideraciones que nos han planteado, así como la armonización de instrumentos normativos para el diseño de una política pública en la materia”, aseguró la secretaria de Gobernación.
Las mesas de diálogo han contando con la participación de 17 dependencias internas y externas del Gobierno de México, entre las cuales están el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo); la Fiscalía General de la República (FGR); la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; la Comisión Nacional de Búsqueda; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
