Por José Luna
Global Press Mx / La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aportó datos de prueba para lograr la vinculación a proceso de Joseline Guadalupe “N” y Janet “N”, quienes en su calidad de policías preventivas incurrieron en presuntamente en el delito de abuso de autoridad agravado en pandilla, por hechos registrados en enero de 2020.
En un operativo de revisión de vehículos en calles de la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, marcaron al vehículo de un jugador profesional de fútbol y de su esposa, posiblemente porque su automotor tenía los vidrios polarizados.
Los agraviados refieren que, tras negarse a bajar del auto, mas no a la revisión, una de las mujeres policías posiblemente abrió sin autorización una de las puertas y la cajuela, mientras que la otra habría metido gran parte de su cuerpo a la unidad para intentar quitarle su bolso a una de las víctimas, quien en ese entonces estaba embarazada.
En la audiencia inicial, el juez de control calificó como legal la detención, por lo que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Público formuló la imputación contra las mujeres; una de ellas, bajo proceso penal por otro delito y que se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
Una vez que analizó los datos de prueba presentados por el representante social, el impartidor de justicia impuso las siguientes medidas cautelares: prisión preventiva justificada para la interna y firma periódica mensual para la segunda imputada, así como la prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas.
A criterio del juez de control, no es procedente autorizar la suspensión temporal del cargo de la servidora pública que le fue impuesta la firma periódica.
En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la persona mencionada en este comunicado, de acuerdo con la presunción de inocencia, se le tratará como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.
