Carrusel

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados se reunirá en privado y a distancia, la tarde de este viernes 12 de marzo, para emitir acuerdo de recepción del escrito del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el marco del proceso de desafuero en su contra.

El organismo jurisdiccional también tratará avances del desafuero promovido contra Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado de Morelos; y contra el senador por Morena, Cruz Pérez.

En la convocatoria a reunión de esa instancia, publicada en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro, se puntualiza que en el caso de la declaración de procedencia solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador tamaulipeco, se emitirá acuerdo de recepción del escrito entregado por el servidor público inculpado, en respuesta a las acusaciones por delitos del orden federal que se le imputan.

Con ello, dará formalmente iniciado el periodo probatorio en el expediente de solicitud identificado con el número SI/LXIV/DP/02/2021, en el cual se acusa al gobernador García Cabeza de Vaca, de delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

El periodo probatorio en procesos de desafuero, previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consiste en la revisión y desahogo de los elementos presentados por las partes involucradas, con el fin de que la Sección Instructora emita conclusiones.

La Ley Federal de Responsabilidades contempla posibles ampliaciones de dicho periodo, en caso de que los integrantes de la Sección lo consideren necesario para continuar con el análisis de los escritos, pruebas y alegatos presentados por el denunciante y el denunciado.

En cuanto al desafuero solicitado por la FGR contra el fiscal general del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, la Sección Instructora tiene previsto emitir un proyecto de resolución.

En el caso del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, se emitirá el acuerdo a través del cual se admiten e inicia el desahogo de pruebas en el expediente de desafuero, iniciado a solicitud de la Fiscalía General del estado de Chihuahua.

Si en verdad se quiere que México crezca en su economía en niveles de 5 por ciento, para poder solventar en el corto plazo la crisis económica que nos ha dejado la pandemia del covid-19 y  mantener este crecimiento estable para los próximos años, se hace necesario establecer de una vez por todas una reforma fiscal a fondo y no solamente implementar por partes esta como se ha hecho en los últimos 20 años. 

Esta reforma no solo debe estar planteada en función de adquirir mayores recursos para los gastos y programas gubernamentales, sino que está pensada para que el beneficio en el corto plazo sea también en la población, que exista verdaderamente un cambio en la calidad de vida de los mexicanos. 

Porque si solo se busca aplicar más impuestos o subir los existentes, el resultado es la disminución de la competitividad de las empresas mexicanas, que derivará en la perdida de venta de productos y por consecuencia el despido de trabajadores ante no poder cubrir la nómina salarial, y esto lo acabamos de vivir, ante el de actividades productivas, gran parte del sector laboral perdió su fuente de ingresos y se elevó el índice de pobreza en México. 

Esto provocó que la gente saliera a la calle a establecer un comercio para generar recursos, pero esto motivo al crecimiento de la informalidad y el desgaste de otros sectores productivos como es el comercio y el de la comida, que genera ingresos, pero en el corto y mediano plazo no otorga ingresos al Estado y esto provoca que los recursos para proveer de servicios públicos disminuyan lo que desencadena una serie de malestares sociales. 

Por lo tanto, esta reforma fiscal deberá establecer objetivos claros que resulten positivos para la población y para el Estado mismo. 

Es decir, que, si el Estado quiere obtener mayores ingresos vía impuestos y aplicarlos verdaderamente en ofrecer mejores servicios y de calidad a la población, se deberá regular el comercio en todo el país, lo que eliminaría la informalidad, el pago de impuestos, si todos pagáramos, sería menor el monto, pero mayor los ingresos al Estado. 

A esto se deberá agregar la confianza y certidumbre a los inversionistas sobre sus capitales, para que la economía crezca, genere mayor riqueza y sea también otra fuente de mayor recaudación. 

Además, el gasto que realice el gobierno federal y de los otros dos niveles deberá ser responsable y eficiente y no en función de la búsqueda del voto o beneficio político, sino del beneficio general.  

Es decir, no seguir inyectando recursos a proyectos y empresas que hasta ahora solo han mostrado números rojos, y aplicar los recursos a desarrollar unos sistemas de salud y educación eficientes que permitirán a la población mantener y elevar su calidad de vida. 

Si se logra esto, que es el principio de un buen gobierno, la población no solo tendrá   un empleo, sino un salario digno que le permitirá tener dinero suficiente para cubrir sus necesidades y un poco más para realizar gastos en otras necesidades. 

Al estado le permitirá obtener mayores ingresos, para utilizarlos en lo prioritario y además establecer programas donde la inversión pública y privada participe en la construcción de infraestructura para el desarrollo y modernización empresarial, industrial y comercial, que generará empleos que se requieran en el presente y futuro. 

Obteniendo esto en la reforma fiscal, se puede pensar en los beneficios que ofrece el T-MEC y demás acuerdos comerciales que México tiene en el mundo a través de tener empresas altamente competitivas y productivas. 

Lo que permitirá atraer más ingresos para elevar la competitividad de los estados más pobres del país 

De esta forma el nivel de pobreza en el país se irá disminuyendo hasta alcanzar erradicarla completamente, en el largo plazo. 

Pero para ello se debe empezar por mantener impuestos universales como el IVA, que todos pagamos, y este es progresivo, porque el que más gasta más paga, y le permite al estado ir eliminando impuestos que dañan de manera directa la economía familiar, lo que permitirá disminuir el impuesto ISR, para hacer a México más atractivo para el establecimiento d empresas, hasta el momento la tasa que se paga desalienta la inversión. 

Como podemos observar, si se realiza una reforma fiscal a fondo, los beneficios serán mayores y a largo plazo, pero esta reforma deberá ser en común acuerdo con todos los sectores que implique el involucramiento real paraqué México tenga en los próximos años crecimientos económicos estables. 

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó el miércoles una iniciativa para fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en un nuevo organismo que se llamaría Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).

Dicho órgano, explica el legislador, tendría como objetivo garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y combatir los monopolios en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

“El presupuesto 2020 del IFT, Cofece y CRE suma dos mil 375 millones 356 mil pesos. Con la creación del INMECOB disminuiría a mil 875 millones 356 mil 400 pesos, es decir, un ahorro de 21.05 por ciento, lo cual se traducirá en 500 millones de pesos al año”, estimó.

El instituto tendría por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión, las telecomunicaciones y el sector energético, además de queprotegerá los intereses de los usuarios y propiciará una adecuada cobertura nacional.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado refirió que este instituto formaría parte de las actualizaciones al marco normativo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La propuesta plantea que dicho instituto sería un órgano constitucional autónomo, dado que el T-MEC obliga a que el organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente y no rinda cuentas a un proveedor de servicios públicos de estos.

A pesar de que no estaría supeditado a ningún otro órgano del Estado, el INMECOB estará sujeto a un régimen de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.

El Pleno del órgano estaría integrado por cinco consejeros, con un máximo de tres de un mismo género, incluido su presidente.

Además, contaría con dos salas: la primera atendería temas de competencia; la segunda, regulación de redes.

Los consejeros serían designados por el Ejecutivo federal a propuesta del Senado para encargos escalonados de siete años.