Por Carlos Mauricio Hernández
*Juez impone prisión preventiva justificada por los cargos de desaparición forzada, tortura, coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas dentro de la causa penal 148/2021
Global Press Mx / Juan José Hernández Leyva, juez de control con residencia en el Reclusorio Sur, le impuso la prisión preventiva justificada a Gualberto Ramírez Gutiérrez, exjefe de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Durante la audiencia que se llevó a cabo este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó al exservidor público los delitos de desaparición forzada, tortura, coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas dentro de la causa penal 148/2021, en agravio de Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Por estos ilícitos se le podría imponer una pena mínima de 16 años de prisión y una máxima de 71; Ramírez Gutiérrez solicitó la duplicidad del término constitucional, plazo que vence el próximo el sábado 1 de julio a las 10:00 horas para la continuación de la audiencia inicial.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México, informó sobre la detención del exfuncionario: “La madrugada del 25 de junio, la FGR detuvo a Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Seido, durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El exfuncionario cuenta con 2 órdenes de aprehensión y una de reaprehensión, pero hasta ahora la FGR no ha revelado los cargos por los que fue detenido. En julio de 2019, Ramírez Gutiérrez renunció a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la Seido.
Como encargado de dicha unidad participó en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, así como en diversas averiguaciones sobre delincuencia organizada.
La investigación oficial del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), en la que participó el funcionario, apuntó como “verdad histórica” que los estudiantes fueron detenidos por policías del municipio de Iguala, en Guerrero, y los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.
Pero un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso y echó abajo la versión oficial, además de denunciar el uso de tortura en las investigaciones de este caso. La semana pasada, 8 militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala fueron detenidos por su posible implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Estas detenciones se suman a las del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes desde septiembre pasado se encuentran en una cárcel militar acusados del mismo delito.
