Por Ricardo Monreal Avila / Colaboración Especial
Estamos por cerrar un ciclo de tres gobiernos sexenales-18 años- con tres partidos diferentes (Calderón-PAN, Peña Nieto-PRI y AMLO-MORENA), y no fue sino hasta este último cuando hubo una reducción plausible en los niveles de percepción de inseguridad.
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del INEGI, al cierre de 2023, la percepción de inseguridad en México alcanzó su nivel más bajo registrado en 10 años, situándose en un 59.3 por ciento durante el Gobierno de la 4T.
Sin embargo, la tasa de homicidios -por cada 100 mil habitantes- sigue siendo alta, sobre todo en el contexto internacional.
Basta considerar que, de las 10 ciudades más peligrosas del planeta, 7 son mexicanas, según worldatlas.com, y las gobierna alguno de los tres grandes partidos.
El asunto es relevante porque, a medida que avance el proceso electoral, el tema de la violencia y la inseguridad será puesto sobre la mesa de la discusión pública.
Lo más probable es que se haga de la peor manera, es decir, no con ánimo democrático de rendición de cuentas, sino con el ánimo criminógeno del ajuste político de cuentas, culpando al Gobierno de incapacidad, simulación o incluso complicidad, según sea el tamaño del prejuicio.
Hace poco escuché la más acabada versión de lo que es el prejuicio político en tiempos de la posverdad (o de las mentiras en la red): “El cartel de Sinaloa está detrás de los triunfos de MORENA en las gubernaturas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”. Esta es la esencia de los juicios sumarios mediáticos, en los que el imputado es considerado culpable de antemano hasta que demuestre lo contrario. Su majestad el prejuicio dominando al juicio ciudadano. El adjetivo sobre el sustantivo; la emoción sobre la razón; el hígado sobre el cerebro.
Con base en estos juicios sumarios mediáticos, propios de la posverdad, se está intentando sembrar en el imaginario colectivo la percepción de que MORENA ganará las próximas elecciones con ayuda del crimen organizado; de que la política de “abrazos, no balazos” será correspondida con “besos y votos”, y que ahora los carteles harán la labor de movilización, organización, promoción y defensa del voto.
A la construcción de dicho prejuicio contribuyen incluso algunos de los llamados think tanks estadounidenses, como el Instituto Baker, el cual, en su reciente Mexico Country Outlook 2024, recoge esta visión, esparcida por algunos grupos opositores a la 4T.
Podríamos estar en la antesala de la ecuatorización de la elección, pues en aquel país hermano el tema de la expansión del crimen organizado y de la inseguridad fue utilizado por los partidos y candidatos presidenciales para culparse unos a otros de estar al servicio de las mafias, e incluso fue asesinado uno de los contendientes, Fernando Villavicencio. Ecuador podría estar viviendo hoy una insurgencia sin precedente de las mafias criminales contra el Gobierno constitucional.
Desde hace algunos años, la mencionada nación experimenta un aumento significativo de la actividad criminal, particularmente en las regiones fronterizas cercanas a Colombia, en donde prevalecen el tráfico de drogas y la violencia vinculada con estas actividades delincuenciales; ello incluye enfrentamientos entre pandillas, extorsión y asesinatos relacionados con las drogas.
Por otro lado, no han sido pocas las preocupaciones asociadas a las fuerzas de seguridad, resultado de las acusaciones en torno a la corrupción y presunta participación del personal de seguridad en actividades delictivas, lo que afecta aún más la confianza pública y la credibilidad de estas instituciones.
En respuesta a la ola de violencia desatada por parte de los diferentes grupos de la delincuencia organizada, el Gobierno ecuatoriano implementó varias medidas para combatir el crimen, incluida una mayor presencia militar en las zonas fronterizas, acciones enérgicas contra la minería ilegal y el tráfico de drogas, y reformas en el sector de la seguridad.
Con todo, los desafíos persisten. A pesar de los diferentes esfuerzos por parte de la administración del presidente Daniel Noboa, prevalecen algunos obstáculos para abordar las causas profundas del crimen (pobreza, desigualdad, desempleo). En el corto plazo, el mandatario espera que se lleve a cabo un acuerdo con la Casa Blanca, para buscar apoyo, pues considera que Ecuador “se ha vuelto una pieza clave dentro de la estructura y las rutas de grupos narcoterroristas”, y en tal sentido, se dio ya una reunión entre el presidente de la Nación sudamericana y una misión de alto nivel estadounidense.
Si bien no hay evidencias de una insurgencia generalizada o coordinada a nivel nacional contra el Gobierno por parte de los grupos de la delincuencia organizada, la actividad criminal de las mafias es elevada en determinadas zonas.
Así, aunque la situación no es comparable con una rebelión armada en toda regla, los niveles de violencia podrían comprometer seriamente la estabilidad del país.
Además, empezaron a brotar preocupaciones sobre violaciones y abusos a los derechos humanos durante las operaciones de seguridad.
Finalmente, en el contexto más amplio de la escena política de Ecuador, la espiral de violencia y las diversas actividades de los grupos de la delincuencia organizada han servido como telón de fondo para alimentar la polarización política, lo cual se suma a las recientes protestas relacionadas con cuestiones económicas. Esto podría alimentar los discursos políticos de la posverdad, contribuyendo a la incertidumbre general.
En México no se deben escatimar los esfuerzos por abatir los índices de inseguridad.
Si bien los delitos de más impacto que azotaron durante una década a la población mexicana (homicidios, secuestros, robo a casa habitación, robo a negocio) han ido a la baja en los últimos cinco años, otros ilícitos, que se encontraban soterrados o disminuidos -como la extorsión- están emergiendo riesgosamente.
En este marco, urgen medidas para fortalecer el sistema de justicia, así como las políticas de combate a la pobreza y la desigualdad, para generar mayores oportunidades para las y los gobernados y desincentivar las causas socioeconómicas de la criminalidad.
Contra el flagelo de la violencia y la inseguridad en el país, la ciudadanía reclama políticas de Estado y no grilla electoral partisana.
