En Pésimas Condiciones 90 % de las Carreteras de Morelos; Grave Riesgo para la Seguridad

Por José Luna

*Comisión del Senado de la República avala exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a rehabilitar y darles mantenimiento, porque además de que dicha situación no sólo afecta la economía local, representa un riesgo grave para la seguridad de la población, especialmente la del oriente del estado

Global Press Mx / La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, que preside la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, aprobó un dictamen por el que exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, y a la Secretaría de Infraestructura del Estado de Morelos para que implementen las acciones necesarias para la rehabilitación y mantenimiento de las carreteras estatales que se encuentren en mal estado.

El proyecto busca garantizar el derecho a la movilidad, la seguridad vial, el desarrollo económico y el acceso adecuado a los servicios básicos de la población.

Refiere que, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 90 por ciento de la red carretera del estado de Morelos se encuentra en malas condiciones; además de que dicha situación no sólo afecta la economía local, sino que representa un riesgo grave para la seguridad de la población, especialmente en el oriente del estado.

El documento detalla que la ciudadanía ha expresado múltiples quejas sobre las malas condiciones de la red carretera, especialmente durante la temporada de lluvias, en la que proliferan baches que afectan seriamente a los vehículos.

Señala que las malas condiciones disuaden la inversión, particularmente en zonas industriales que, a pesar de contar con espacio disponible son descartadas por empresarios debido al deficiente estado de las vías de comunicación.

Además, la comisión dio cuenta de los asuntos turnados a este órgano, entre los que destacan una iniciativa que propone que el Estado garantice un subsidio del 50 por ciento en las tarifas del transporte público, para personas de entre 15 y 29 años que se encuentren cursando estudios en instituciones educativas oficiales o que acrediten desempeñar una actividad laboral formal.

Otra propuesta busca establecer un marco normativo que impulse y regule la transición hacia la electromovilidad, a través de medidas que fomenten el uso de tecnologías limpias en el transporte público y privado.