Por Ricardo Monreal Ávila / Colaboración Especial
Global Press Mx / El fenómeno ilícito conocido como linchamiento puede ser definido como la muerte o lesiones graves infligidos a una persona o a un grupo de personas por una multitud, sin que medie un proceso judicial. Puede ocurrir por varias razones, que incluyen la sospecha de un delito, la discriminación o la venganza.
Desde la perspectiva de la psicología de masas, es alentado, comúnmente, por rumores (acusación popular) o señalamientos de quienes se identifican como integrantes o representantes de una comunidad determinada, a fin de señalar los riesgos o amenazas de agentes externos.
Los factores que contribuyen a los linchamientos en México obedecen a diversas causas, como la falta de confianza en las autoridades, ya que muchas personas consideran que aquellas no son capaces de garantizar seguridad y justicia.
La discriminación puede ser considerada como un factor de riesgo para linchamientos, ya que, históricamente, las personas que pertenecen a grupos marginados, como pueblos originarios o migrantes, han sido más propensas a ser víctimas de estos fenómenos violentos.
Los linchamientos implican serias violaciones a los derechos humanos de las personas victimizadas, y contravienen flagrantemente lo dispuesto por el artículo 17 de nuestra Carta Magna, en tanto que constituyen una forma de justicia por mano propia que puede tener consecuencias fatales.
En nuestro país, ese tipo de ajusticiamiento es un problema grave.
En los últimos años, se registró un número creciente de casos, lo que genera preocupación por la seguridad de las y los gobernados.
Entre 2016 y 2022 se registraron 1,619 linchamientos en el país (1,423 en la modalidad de linchamiento y 196 en grado de tentativa), el 74 por ciento de ellos se concentró en seis entidades: Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Ciudad de México, según datos de Norma Ilse Veloz y Raúl Rodríguez Guillén, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El enfrentamiento entre civiles contra integrantes de una célula de la delincuencia organizada que les cobraba derecho de piso en Texcaltitlán, Estado de México, se inscribe en ese fenómeno de la justicia por propia mano, en el que las primeras víctimas son las personas directamente afectadas, pero las segundas son las autoridades mismas, porque ese tipo de “justicia comunitaria” o de “Fuenteovejuna” refleja el vacío de un Estado de Derecho, rebasado en su función más elemental, que es proveer seguridad y justicia a las y los gobernados.
El suceso de Texcaltitlán, sin embargo, se diferencia de los típicos linchamientos conocidos, debido a las causas, el número de víctimas y el nivel de fuerzas que se vieron involucradas.
No fue el linchamiento colectivo de presuntos robaniños, violadores, asaltantes, robavacas o chupacabras, sino el enfrentamiento entre la autoridad de la comunidad y un grupo delincuencial por una causa directamente económica: la expoliación de la escasa fuente de ingresos de una población rural.
El cobro de derecho de piso y de paso tiene postradas a las zonas rurales y semiurbanas del campo mexicano.
Si los impuestos legales suelen ser agraviantes, el gravamen ilegal que los grupos criminales imponen a campesinos y productores genera un círculo vicioso que va del agravio, pasando por la rabia y la ira, hasta la reacción social.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, del INEGI, la extorsión ha ido ganando terreno entre la incidencia de delitos personales. “El delito más frecuente (en 2022) fue fraude, con una tasa de 5 mil 770. Siguieron el robo o asalto en calle o transporte público con 5 mil 689, y la extorsión, con una tasa de 5 mil 59 (por cada 100 mil habitantes)”.
De igual manera, según datos de la Coparmex, la extorsión ya empató al delito de robo total o parcial de vehículos (con una tasa del 24 por ciento, ambas) que padecen sus agremiados, mientras que el robo de mercancía, dinero o maquinaria reporta el 35 por ciento.
Es decir, también entre el empresariado es el tercer delito en importancia, y es la causa de que tres de cada 100 empresas cierren o cambien de ubicación.
Si bien los delitos de más impacto que azotaron durante una década a la población mexicana (homicidios, secuestros, robo a casa, robo a negocio) han ido a la baja en los últimos cinco años, otros ilícitos, que se encontraban soterrados o disminuidos —como la extorsión—, están emergiendo riesgosamente.
La justicia al estilo Fuenteovejuna es entendible en algunos aspectos, sobre todo cuando la causa es la coerción económica en comunidades marginadas, como en el caso de Texcaltitlán.
Sin embargo, no puede ser una opción de política pública (como la modalidad de las autodefensas), porque, a final de cuentas, constituye la negación del Estado de Derecho y el camino más corto hacia la ley de la selva, la ley del revólver, la ley del más sanguinario.
En este entendido, urgen medidas para proscribir los linchamientos y otras prácticas delictivas o violentas entre la población, fortaleciendo, al mismo tiempo, el sistema de justicia y asegurando que las autoridades garanticen, de manera efectiva, el derecho ciudadano de acceder a un sistema de justicia igualitario y eficaz.
Del mismo modo, se deben seguir promoviendo las políticas de combate a la pobreza y la desigualdad, a fin de generar mayores oportunidades para la población gobernada y desincentivar las causas socioeconómicas de la criminalidad.
Finalmente, además de promover la no discriminación o marginación, educando a la población sobre la importancia de la tolerancia y la inclusión, se debe dar importancia a las políticas reactivas que detengan la alta tasa de incidencia de los delitos que ya se suponían controlados.
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