Por José Luna
*Particularmente en Quintana Roo, se ha registrado un incremento atípico de sargazo en la región con un crecimiento sostenido, sin que a la fecha exista una política pública robusta, articulada y con visión de largo plazo*“Lo que hoy enfrentamos no es un fenómeno aislado, sino una crisis ambiental que ha sido atendida de manera fragmentada”, puntualizó la coordinadora parlamentaria de MC
Global Press Mx / El crecimiento sin precedentes del sargazo en el Atlántico tropical y el Caribe ha encendido alertas sobre la falta de una respuesta estructural del Estado mexicano. Mientras que en 2018 se registró el mayor pico con entre 20 y 22 millones de toneladas métricas de esta macroalga, para 2025 especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México estiman un volumen de entre 37.5 y 40 millones de toneladas, prácticamente el doble. De este total, se prevé que alrededor de 100 mil toneladas impacten costas mexicanas.
Este escenario, lejos de ser atendido con una estrategia integral, ha evidenciado vacíos normativos, descoordinación institucional y una respuesta reactiva por parte de las autoridades.
Ante ello, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, presentó una iniciativa para obligar a la Federación a asumir su responsabilidad mediante la creación de una política nacional de atención integral del alga marina pelágica, que contemple acciones preventivas, correctivas y de adaptación frente a fenómenos de acumulación masiva.
La propuesta también busca clasificar al sargazo como residuo de manejo especial cuando represente riesgos ambientales o sanitarios, cerrando así uno de los principales vacíos legales que hoy impiden su tratamiento adecuado.
Asimismo, plantea establecer programas de manejo integral que permitan convertir este problema en una oportunidad económica y ambiental, mediante el aprovechamiento de su biomasa para la producción de biocombustibles, fertilizantes y materiales industriales como el alginato.
En la exposición de motivos, se advierte que desde 2011 se ha registrado un incremento atípico de sargazo en la región, con un crecimiento sostenido desde 2014, particularmente en Quintana Roo, sin que a la fecha exista una política pública robusta, articulada y con visión de largo plazo.
“Lo que hoy enfrentamos no es un fenómeno aislado, sino una crisis ambiental que ha sido atendida de manera fragmentada. La ausencia de una norma clara ha generado incertidumbre, ineficiencia y costos crecientes para las comunidades costeras. Es momento de que la Federación deje de reaccionar y asuma un papel rector”, señaló Ortega Pacheco.
La legisladora subrayó que continuar sin una regulación integral no solo agrava el impacto ambiental, sino que también desaprovecha el potencial económico de esta biomasa, dejando a México rezagado frente a otras naciones que ya avanzan en su aprovechamiento sostenible.
